En los presentes días la Asamblea Legislativa se enfoca en la discusión concerniente a garantizar que tengamos en los plazos debidos, el diseño del ejercicio fiscal próximo; es decir, que tanto el gasto corriente como el extraordinario sean contemplados en el presupuesto nacional del año venidero.
En el pasado, las administraciones previas a 2009 y al carecer del orden jurídico establecido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en lo tocante a éste tema, producían 2 presupuestos: uno para gastos corrientes y otro, para gastos extraordinarios, lo que desbalanceó por completo la economía nacional por el desorden que promovió y porque no era sostenible por la deuda acumulada en que derivó.
Es decir, los señalamientos jurídicos establecidos desde la sala han tenido por objeto corregir ésa cultura de despilfarro promovida en el pasado y que no produjo ningún beneficio sino solo deuda improductiva generadora del estado estancado heredado y para aquellos que en el sector privado, se favorecen de éste desorden, lo que a su vez se explota mediáticamente endilgando tales deudas al presente.
Ahora es entonces la oportunidad de considerar algunos elementos que beneficiarán al diseño del presupuesto, como por ejemplo establecer por ley algunos parámetros legales que no supongan en lo sucesivo negociaciones que como ahora, provocan agotadores debates de carácter electorero o de otro género en el quehacer legislativo y que entorpecen el diseño de ésta herramienta, por ejemplo, el que los servicios requeridos por el estado se obtengan en bolsa, donde por transparencia la superintendencia de lo financiero determine los elementos de la adquisición (a saber, condiciones, garantías, etcétera), superando así las licitaciones, que por principio y dadas las características de nuestro mercado están expuestas a manipulaciones interesadas de los ofertantes, encareciendo así los servicios, lo que a su vez son trasladados a la población, que también ahorraría hasta un 2% a las finanzas públicas por ésa vía, y que evitaría el aumentar el mismo porcentaje al IVA que ha sido propuesto por los organismos financistas internacionales y para superar el déficit presupuestario, favoreciendo así al soberano .
Por otro lado no se puede seguir aplazando el abordar de forma integral y técnica la transformación de nuestro sistema impositivo de tipo regresivo hacia otro, de carácter progresivo y que tase a la ciudadanía de acuerdo a sus ingresos, de tal suerte que cada persona aporte de acuerdo a sus haberes, sometiendo la elusión y la evasión, causales ahora de pérdidas al estado de aproximadamente $2, 100 millones anuales según cálculos de la CEPAL, y que debe también contemplar al sector informal, que constituye el 70% de la actividad económica a nivel nacional, y cuyos ingresos por su carácter, no son solo desconocidos, sino además fuente probable de irregularidades, lo que se puede no solo regularizar, sino además integrar dotándole de la seguridad social que le es ausente por ahora.
Es decir, existen vías para sanear la economía del lastre heredado, pero ello urge del compromiso y la visión para realizar los correctivos necesarios en el tiempo.
