En el departamento de Sonsonate la empresa constructora Fénix S.A. de C.V., que es un brazo de la empresa Salazar Romero, están afectando directamente a los pobladores del municipio de Nahuizalco y Nahuilingo, ante la destrucción del sitio arqueológico y ceremonial Tacuscalco y el afluente del rio Ceniza.
Enérgicamente, Salvador Recinos, miembro del Movimiento Ciudadano por la Defensa de Tacuscalco, expresó que en El Salvador se está “pisoteando la ley frente a las narices de las autoridades”.
“El director de la Policía, Howard Cotto, está permitiendo que se violente la ley frente a sus narices. Los policías argumentan que necesitan una orden para parar a la empresa a pesar de que la jueza ambiental de Santa Ana, Norma Elizabeth Lemus de Milla, ya la dio la orden de parar las construcciones ante el daño ambiental en la zona de Sonsonate”, apuntó el activista.
Desde el mes de abril, el juzgado ambiental de Santa Ana, ordenó a la empresa constructora parar las obras ya que afectaba de manera directa al rio Ceniza y el sitio arqueológico de Tacuscalco. Pero al contrario de lo estipulado legalmente, la empresa sigue construyendo.
Los activistas argumentan que al acercarse a la Policía Nacional Civil (PNC), estos responden que ellos no tienen autorización para detener la construcción, aunque existe ya un documento que advierte que la empresa debe cesar la obra.
El representante de Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, Héctor Berríos, afirmó que las grandes empresas constructoras están violando las leyes de la Republica salvadoreña.
“En este país las empresas trabajan bajo la impunidad, además las empresas está dando dádivas a algunas personas de Sonsonate para que manifiesten que les dan trabajo. Es una estrategia de romper el tejido social y dividir a la población. A esto sumando la gran cantidad de dinero que invierten para destruir el rio Ceniza y el sitio arqueológico Tacuscalco”, finalizó Berríos.
Al final, las organizaciones sociales, ambientales e indígenas hicieron un llamado al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y al Ministerio de Cultura para que cumplan con lo establecido en la ley y protejan tanto el sitio arqueológico como al río Ceniza de las manos de las empresas constructoras.
