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miércoles, 27 de octubre del 2021

El interés social versus el interés de la burocracia

Desde el 2015 he venido luchando junto a la Asociación de Vecinos (AVEPLAR) contra los cobros de $1.50 en los parques del ISTU. Todo inició cuando cercaron de una forma grotesca el Parque Balboa en Los Planes de Renderos, donde yo resido; todos los vecinos y vecinas nos quedamos sin espacio de recreación, de convivencia familiar, de contención contra la violencia para los y las jóvenes y niñez y de una simple área para poder caminar.

En aquel momento como asociación de vecinos tuvimos una reunión con la institución y en una mesa en la que estaba la directora ejecutiva de entonces, el presidente y directivos del sindicato, nos señalaron que los aumentos de cobro para acceso eran necesarios porque necesitaban aumentar los salarios.

Y eso es lo que ha pasado con muchas instituciones como el ISTU, entidades del gobierno central o local que abandonaron sus funciones institucionales para garantizar la paz y el bienestar de la ciudadaní­a, para enfocarse en la generación de salarios. Hoy incluso sabemos que hay casos de jubilados que consiguieron constituir un contrato colectivo para poder seguir trabajando en la institución y tener un complemento a sus pensiones y mientras tanto el servicio de calidad está totalmente abandonado en las instituciones públicas. ¿Qué prima más? ¿los salarios de los empleados públicos y pensiones que reciben o las funciones del Estado derivadas del contrato social que lo funda originalmente?

Curiosamente en el caso del ISTU, cuando se creó este instituto en los años 50, el legislador estableció que la Directiva solo puede poner una tarifa pero con interés social, esto es, según la ley y la jurisprudencia, el interés de la gente y no el interés de la institución.

Por ello hemos venido insistiendo que el acceso es de interés social, es decir que, por ejemplo, la niñez y adolescencia no deberí­a de pagar, que la gente pobre no deberí­a de pagar, que la gente con salario mí­nimo no deberí­a de pagar, pues el mí­nimo no incluye recreación, pero el ISTU no puede porque tienen que pagar una enorme planilla y los fondos que recibe del erario público no son suficientes.

Males de la burocracia como el presencialismo, plazas fantasmas, clientelismo partidario y contratos para complementar pensiones son una verdadera plaga para este paí­s, porque las instituciones en vez de cumplir sus funciones estratégicas para las operaciones del Estado, han asumido una torcida función de programa social salarial al estilo welfare de paí­ses como Gran Bretaña.

Lamentablemente esa batalla la perdió ARENA, el FMLN y pareciera que la perderá Nayib Bukele. Estos temas, como las concesiones de transporte público y otras instituciones son solo un debate entre dos: los funcionarios o cargos direccionales y, por el otro lado, la burocracia. Por el bajo presupuesto del Estado, las direcciones de estas instituciones pierden la batalla y tienen que buscar soluciones por la tangente.

Creo que los trabajadores tienen que dar la batalla por mejorar sus condiciones pero no puede ser en detrimento de la institucionalidad, el interés colectivo y bien común. Por otro lado, si la sociedad en general no da la batalla por recuperar esas instituciones con su tercer interés legí­timo, el Estado fallido seguirá, porque no va a cumplir sus funciones públicas sino que va a estar en función de unas minorí­as y no en función del pueblo.

Esto demuestra cómo la gente sigue imitando las prácticas de las élites en el uso y abuso de los aparatos del Estado en detrimento de los intereses colectivos, de la calidad de vida, de las posibilidades de reducir la violencia, de tener más salud mental, de disfrutar de los espacios que se crearon para la población al margen de si tenemos posibilidades de paga o no. Una fuerza por los intereses colectivos es la única que puede revertir esto.

Quizás como ciudadaní­a debemos que agotar ya las posibilidades que tenemos en esta endeble democracia para recuperar las instituciones públicas y poner al fin el interés colectivo como prioridad, como deberí­a de ser. La democracia también implica empoderar la voz de la ciudadaní­a y que los intereses de los funcionarios no estén por encima del bien común.

Quizás recuperar las áreas verdes para la gente sea un pequeño paso para el pueblo,  pero serí­a un gran ejercicio para recuperar otras más claves posteriormente, como las pensiones y CEL.

Esa praxis de la que hemos hablado previamente echa raí­ces con estos nuevos ejercicios, incluso una nueva izquierda tendrí­a que asumir el acompañamiento del pueblo en su organización y en sus demandas por recuperar el interés colectivo, el contrato social originario que Rousseau planteara y que el neoliberalismo y la “cultura finquera” de las elites y otras minorí­as no permiten que el pueblo salvadoreño disfrute.

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