Por Redacción ContraPunto
La ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem, presentó ante la Asamblea Legislativa una iniciativa para derogar el artículo 10 de la Ley de Bancos, disposición que actualmente establece que al menos el 51 % del capital accionario de las entidades bancarias debe estar en manos de personas salvadoreñas o centroamericanas, sociedades con mayoría local o regional, o inversionistas extranjeros calificados bajo ese mismo criterio.
La funcionaria explicó que la reforma tiene como objetivo “dar acceso a nuevos capitales e inversiones en el país, a fin de generar una mayor competencia en la intermediación financiera, posibilitando la creación de nuevas fuentes de acceso al crédito a los ciudadanos”. Según el planteamiento del Ejecutivo, eliminar esta restricción permitiría ampliar la participación de inversionistas internacionales en el sistema financiero salvadoreño.
De acuerdo con el Ministerio de Economía, la medida busca dinamizar el sector bancario mediante la apertura a capital extranjero sin el requisito de mayoría accionaria local. El Gobierno sostiene que una mayor competencia entre entidades financieras podría traducirse en mejores condiciones de crédito, tasas más competitivas y mayor disponibilidad de productos financieros para personas naturales y empresas.
La normativa vigente fue diseñada para garantizar una participación predominante de capital nacional o regional en la banca, con el fin de resguardar el control local del sistema financiero. Sin embargo, la propuesta oficial considera que el contexto económico actual requiere ajustes orientados a facilitar la atracción de inversión extranjera directa y fortalecer la integración financiera con mercados internacionales.
Especialistas en economía señalan que la eventual eliminación del requisito del 51 % podría modificar la estructura de propiedad de los bancos que operan en el país, abriendo la puerta a nuevos actores financieros globales. No obstante, advierten que el debate legislativo deberá considerar aspectos relacionados con la supervisión, la estabilidad financiera y la protección de los usuarios del sistema bancario.
La iniciativa será analizada por la comisión legislativa correspondiente antes de su discusión en el pleno de la Asamblea Legislativa. De ser aprobada, la reforma implicaría un cambio significativo en el marco regulatorio del sistema bancario salvadoreño, en línea con la estrategia gubernamental de promover la inversión y el crecimiento económico.
