La extitular de la Superintendencia de Competencia (SC), Celina Escolán, aseguró este lunes que desde el Estado no se le ha dado la debida importancia a la supervisión de la competencia en el mercado. Como consecuencia, desde que entró en vigencia la Ley de Competencia en 2006, no se ha formulado una política de competencia.
“La Ley de Competencia ha marcado un hito. Ha marcado un cambio de paradigma en el modelo económico”, expresó Escolán en una entrevista para el programa “Frente a Frente” de TCS, el lunes. “Es una ley vigente que tenemos que respetar. Si bien es un instrumento de política pública, el país no cuenta con una política de competencia. Las autoridades no le han dado el peso que corresponde a la política de competencia dentro de la política económica del país”, agregó Escolán.
Escolán hizo énfasis en que “el objetivo primordial de una Ley de Competencia es proteger la competencia a través de la eliminación de prácticas anticompetitivas. No es un regulador de mercado, no tiene que dirimir litigios entre agentes económicos, sino que es garante del buen funcionamiento de los distintos mercados”, precisó Escolán.
Asimismo, Escolán apuntó que uno de los principales obstáculos que la Superintendencia ha tenido que enfrentar en más de una década es la demora en las resoluciones de los procesos sancionatorios en el Órgano Judicial.
“Uno debería entender que esta revisión tienen un tiempo sustancial. Tiene 12 meses para iniciar la investigación y concluirla”, explicó la exsuperintendente. Luego puso como ejemplo la sanción contra dos empresas harineras por acuerdo entre competidores -o cártel-, uno de los procesos emblemáticos de la institución. “El caso de harina de trigo se hizo en el 2008 y se resolvió en 2017. Esto pone en evidencia la problemática de la falta de una verdadera cultura de competencia, un ente encargado de la supervisión de los mercados requiere del entendimiento y acompañamiento de instituciones del Estado”, cuestionó Escolán.
Sobre esta misma línea se pronunció Francisco Díaz, también exsuperintendente y coordinador de Red por una Agenda Básica para un Pequeño País. Díaz resaltó que, a diferencia de otros casos en el extranjero, no existe una condena penal para los casos de prácticas anticompetitivas del mercado. Situación que, desde su punto de vista, debilita la institucionalidad, pues los empresarios prefieren “pagar la multa” que evitar este tipo de acciones.
“En la ley salvadoreña no hay sanción penal. Eso, obviamente, debilita la fuerza institucional de esta institución. Nosotros pudimos ver cómo, con antiguas Salas de lo Contencioso Administrativo, era su modus operandi. La Superintendencia imponía la sanción, (el sancionado) se iba a la Sde lo Contencioso y ahí se quedaba por mucho tiempo; porque el cálculo era “˜me sale más barato la multa que me van a poner”™“, achacó Díaz.
Por último, Escolán recordó que esta problemática constituye “un reto más” para el nuevo gobierno de Nayib Bukele, para asegurar mejores condiciones de vida a los salvadoreños.
Bukele juramentó el pasado 12 de junio al abogado Gerardo Henríquez como nuevo superintendente de Competencias.
