Por Fredis Pereira.
En la ciudad de la censura, que está ubicada en un pequeño país del tercer mundo, existe el funcionario ocioso, que ocupa el cargo público por décadas para su provecho, y que descuida el garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, poniendo en desprestigio a la institución bajo su gobierno disfuncional y quebrantando el orden constitucional.
El funcionario ocioso es la personificación de la negligencia crónica. Así, no es que sea incompetente, carezca de formación profesional, o que sea falto de inteligencia, sino, que prefiere actuar con astucia para evadir las responsabilidades. Esto lo demuestra, con la rutinaria manera deliberada de omitir la debida y oportuna respuesta, a las peticiones y demandas de los ciudadanos; transgrediendo así, los parámetros de la buena administración, dejando que las reglas de la inercia, el caos y la irracionalidad se impongan en la ciudad.
El funcionario ocioso protege el atraso como si fuera un gran tesoro. Esto lo hace para mantener su estatus quo, evitando los procesos de cambios que reviertan la inercia y el caos que le mantiene en el poder. Así, cumple los deseos de los círculos de clientelismo y nepotismo, que le rodean y le elogian por la hazaña de mantener las tradiciones más absurdas e instituciones carentes de legitimidad, donde incluso contrata sin concurso a los jubilados, que desconocen las nuevas tendencias de transformación digital, solo porque son parientes y amigos, negándole oportunidades a las nuevas generaciones en contra de la justicia social.
En el régimen del funcionario ocioso el estancamiento educativo es lo ideal. Se eliminan cualquier incentivo hacia la actualización de los profesores, se premia la lealtad del idiota, se suprimen los fondos para la investigación, se suspende las becas, se evitan los procesos formativos y las promociones laborales se realizan sin seguir un debido proceso. En este esquema, la acreditación educativa solo sirve para maquillar y promocionar la ruinosa gestión del funcionario ocioso, pues es compatible con mantener planes de estudio del siglo pasado, y una planta docente estancada, desinteresada de la investigación y la proyección social, donde la universidad funciona como un dispensario mensual de títulos de limitado valor productivo.
El funcionario ocioso genera destrucción y desperdicio de recursos públicos. Los perjuicios causados por el funcionario ocioso pocas veces son perceptibles de manera inmediata, pero cuando se manifiestan, por lo general, no hay manera de castigarlo, porque se eliminan en secreto las pruebas documentales, lo protegen los demás políticos o porque hasta la Corte de Cuentas le ha otorgado el finiquito; pero, por ejemplo, en la gestión de funcionarios ociosos, se han otorgado permisos a lotificaciones y urbanizaciones sin cumplir las normativas de seguridad, contrario a la dignidad humana, que ha puesto en peligro de muerte a cientos de ciudadanos, que luego ha significado gastos millonarios de recurso públicos en mitigar los riesgos, y que, en los peores casos de desastres causados, ni siquiera se han podido recuperar los cadáveres soterrados.
El funcionario ocioso es muy voluntario en participar del turismo. Se va de viaje con frecuencia, dejando de lado sus funciones públicas y sin generar ningún provecho para los ciudadanos. En esto sí muestra gran interés porque no paga los gastos, a tal grado, que se apunta en las comitivas para eventos internacionales sin tener algo productivo que aportar, donde en una gestión decente y según los parámetros de la buena administración, se comisionaría a personal experto que pueda generar procesos formativos, que contribuya multiplicar el conocimientos adquirido y a superar el atraso y estancamiento.
El funcionario ocioso se aprovecha de la opacidad. Es normal que este funcionario sea alérgico a la transparencia, que en los peores casos se aproveche de la jurisdicción para eliminar la contraloría social y la participación ciudadana. Mantener la información bajo reserva es una de sus grandes apuestas, para evitar ser descubierto en su ruinosa gestión, y cuando le descubren, puede presentarse como víctima de acoso, aunque nadie le persiga. En su poca apertura al público, lo hace para proyectar su ineficaz gestión, que en los peores casos se gastan recursos para firmar cartas de entendimiento, que resultan inútiles para los intereses del pueblo.
