La exigencia de garantizar el acceso público a la información y la protección de las libertades fundamentales le da relevancia, como parte de la nueva agenda 2030 del desarrollo sostenible. Se retoma así lo plasmado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (1969).
¿Por qué es importante? Porque toda la información en poder de los gobiernos y las instituciones gubernamentales es, por naturaleza, pública; solo podrá ser negada cuando hay causas legítimas, como la privacidad y la seguridad. De haber excepciones, es necesario que estén expresas en la ley, y el Estado debe mostrar que divulgar la información puede causar un daño grave a la sociedad.
El Salvador cuenta con la Ley de Acceso a la Información Pública desde mayo de 2011. Plantea en el artículo 2, que " toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna".
La aprobación de esa ley ocurrió tras una serie de intentos que se remontan al año 2004, y superar varias polémicas. Durante su gobierno, el presidente Elías Antonio Saca fue abanderado de que la mejor ley es la que no existe, en referencia a la información pública… En septiembre fue condenado en proceso abreviado a diez años de prisión tras aceptar apropiación de fondos estatales“¦
La información es importante para los ciudadanos, porque en la medida en que más sepan, mayor será su capacidad para aportar al fortalecimiento de la democracia; es un aporte para prevenir la corrupción, y darle transparencia a la gestión pública. Pero hay señales que deben ser atendidas: un informe del Instituto de Acceso a la Información Pública reveló que del año 2013 al 2017 conoció 1,971 denuncias contra instituciones del estado; del total, 512 corresponden a los gobiernos municipales.
La mayoría de casos son por denegatoria de información. Otras causas son entrega parcial, información declarada confidencial, reservada, inexistente, con costos de reproducción, información diferente a la solicitada 17, fuera de plazo, o en formato no solicitado.
Mayor capacitación a funcionarios, voluntad de estos para cumplir la ley, más educación a la ciudadanía sobre sus derechos, son necesarios para que mejore la situación, y se haga efectivo el derecho a saber.
Y desde la perspectiva del periodismo, valen mucho las palabras de Mónica González, directora del Centro de Investigación Periodística de Chile, en el festival que en Colombia rinde homenaje a los finalistas y ganadores del premio Gabriel García Márquez: "los periodistas estamos llamados a estudiar la corrupción sistémica. Enfrentar ese poder oculto requiere mucha fuerza, estudio y trabajo en equipo".