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domingo, 24 de octubre del 2021

El derecho a saber es de todos

Cada 28 de septiembre se conmemora el Dí­a Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información Pública, según lo estableció Naciones Unidas el año 2015, en la resolución 38 c/70.

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La exigencia de garantizar el acceso público a la información y la protección de las libertades fundamentales le da relevancia, como parte de la nueva agenda 2030 del desarrollo sostenible. Se retoma así­ lo plasmado en el artí­culo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y el artí­culo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (1969).

¿Por qué es importante? Porque toda la información en poder de los gobiernos y las instituciones gubernamentales es, por naturaleza, pública; solo podrá ser negada cuando hay causas legí­timas, como la privacidad y la seguridad. De haber excepciones, es necesario que estén expresas en la ley, y el Estado debe mostrar que divulgar la información puede causar un daño grave a la sociedad.

El Salvador cuenta con la Ley de Acceso a la Información Pública desde mayo de 2011. Plantea en el artí­culo 2, que " toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna".

La aprobación de esa ley ocurrió tras una serie de intentos que se remontan al año 2004, y superar varias polémicas. Durante su gobierno, el presidente Elí­as Antonio Saca fue abanderado de que la mejor ley es la que no existe, en referencia a la información pública… En septiembre fue condenado en proceso abreviado a diez años de prisión tras aceptar apropiación de fondos estatales“¦

La información es importante para los ciudadanos, porque en la medida en que más sepan, mayor será su capacidad para aportar al fortalecimiento de la democracia; es un aporte para prevenir la corrupción, y darle transparencia a la gestión pública. Pero hay señales que deben ser atendidas: un informe del Instituto de Acceso a la Información Pública reveló que del año 2013 al 2017 conoció 1,971 denuncias contra instituciones del estado; del total, 512 corresponden a los gobiernos municipales.

La mayorí­a de casos son por denegatoria de información. Otras causas son entrega parcial, información declarada confidencial, reservada, inexistente, con costos de reproducción, información diferente a la solicitada 17, fuera de plazo, o en formato no solicitado.

Mayor capacitación a funcionarios, voluntad de estos para cumplir la ley, más educación a la ciudadaní­a sobre sus derechos, son necesarios para que mejore la situación, y se haga efectivo el derecho a saber.

Y desde la perspectiva del periodismo, valen mucho las palabras de Mónica González, directora del Centro de Investigación Periodí­stica de Chile, en el festival que en Colombia rinde homenaje a los finalistas y ganadores del premio Gabriel Garcí­a Márquez: "los periodistas estamos llamados a estudiar la corrupción sistémica. Enfrentar ese poder oculto requiere mucha fuerza, estudio y trabajo en equipo".

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Carlos Domínguez
Periodista salvadoreño; defensor de los derechos humanos. Colaborador y columnista de ContraPunto
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