El abogado colombiano, Rodrigo Uprimny, aseguró que en El Salvador es necesario promover garantías constitucionales y reformar la ley que criminaliza a las mujeres que sufren abortos por complicaciones obstétricas, de manera que se cree “una política de compasión y no de persecución”.
Umprimy participó en el foro “garantías constitucionales ante la colisión de derechos entre la mujer gestante y el nasciturus” y también en una consulta con miembros de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa. Allí dio sus recomendaciones sobre las propuestas de reforma al Artículo 133 del Código Penal relativo al aborto.
Referente a ese artículo, el partido ARENA ha reiterado su posición contra cualquier causal que lleve a un aborto. La propuesta fue presentada por el diputado de derecha Ricardo Velásquez Parcker el año pasado. Mediante una pieza de correspondencia solicitó elevar las penas carcelarias por aborto entre los 30 a 50 años. Actualmente la ley estipula de dos a ocho años de prisión.
El Salvador actualmente tiene una de las legislaciones de aborto más restrictivas a nivel mundial.
El 20 de abril de 1998, entró en vigencia un nuevo Código Penal en el cual los diputados de la Asamblea Legislativa eliminaron las tres causas en las que el aborto era permitido. Antes de la modificación la ley solo permitía tres tipos de abortos en El Salvador: aborto terapéutico, cuando la vida de la mujer está en peligro; aborto eugenésico, cuando la vida del feto no es viable debido a malformaciones; y aborto ético, cuando el bebé es producto de una violación o incesto. Son por las causales que abogan diversas organizaciones y el FMLN, partido en el poder.
Durante la consulta realizada en la Comisión las organizaciones y juristas como Umprimny, hicieron un llamado a los legisladores para que aprueben las reformas que permitan el aborto en los casos permitidos hasta 1998.
Además pidieron que se evalúe la reforma para resolver el actual vacío legal que existe y no garantiza los derechos de la mujer gestante y la vida en formación que se desarrolla en su cuerpo. “La Constitución reconoce los derechos de ambos y es necesario aplicar criterios de ponderación y proporcionalidad para resolverlo”, señala la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto.
También discutieron sobre la reciente aclaración de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la que señala que el derecho a la vida de la persona que está por nacer “no es un derecho que en todos los supuestos deba prevalecer sobre los otros, sino que es necesario hacer una ponderación para cada caso” y “tampoco reclama un deber de protección absoluto e incondicional de la vida en gestación”.
Unpinmy señaló que ante estas discusiones es necesario “compatibilizar las opiniones, en Latinoamérica es necesario reconocer que somos sociedades pluralistas, algunos con convicciones religiosas, otros que no las tenemos, pero debemos aprender a convivir, encontrar reglas que respeten las convicciones de cada uno y tener compasión en el tema del aborto para las mujeres que se ven forzadas en determinadas circunstancias a abortar, sobre todo por problemas de salud”.