En nuestro país, el asocio Público-Privado es un acuerdo por medio del cual entidades estatales encargan a un inversionista privado, la provisión de infraestructura y la prestación eficiente de servicios públicos, de interés general, y otros de carácter privado complementarios a éstos; el inversionista privado aporta recursos económicos, habilidades y conocimientos necesarios para que, en conjunto con el Estado desarrolle dichos proyectos en beneficio de la población, razón por la cual tiene derecho a obtener una ganancia. El Estado tiene a su cargo las labores de rectoría del proyecto, la competencia y facultades de planeación, control, sanción, penalización, regulación, supervisión y vigilancia de la ejecución de los contratos respectivos, garantizando el bien común.
Todas las actuaciones relativas a los Asocios Públicos Privados que se realicen en el país, deberán cumplir con los principios siguientes: legalidad; supremacía constitucional; supremacía del interés público; rectoría del Estado; temporalidad; preservación del dominio estatal; incentivo a la inversión; transparencia, publicidad y auditoría social; rentabilidad social; eficiencia económica; distribución de riesgos; competencia; seguridad jurídica; responsabilidad fiscal; vigilancia y fiscalización por parte del Estado; responsabilidad social empresarial; sustentabilidad ambiental; así como protección al trabajador. ( Ley especial de Asocios Públicos Privados).
Desde la óptica de las instituciones públicas las fases de un proyecto de asocio público privado son las siguientes: identificación de proyectos institucionales; estudio del potencial del proyecto para ser ejecutado como un APP; preparación de las bases del contrato (responsabilidades y riesgos de las partes, participantes, conformación del asocio, pagos, etc.); licitación, adjudicación y contratación; ejecución del proyecto.
PROESA es la institución pública encargada de: identificar oportunidades y promover este mecanismo en las instituciones públicas; proporcionar asesoría a las instituciones públicas que desean impulsar proyectos de APP; evaluar si se puede contratar como APP ( Esta institución cuenta con una metodología para la evaluación de proyectos de asocio público-privado); darlo a conocer a los inversionistas y financistas potenciales; mantener una amplia política de información pública y de rendición de cuentas a la sociedad. En el año 2019, PROESA se encuentra evaluando 14 proyectos que podrían ser ejecutados bajo la forma de APP.
En el Asocio Público Privado las empresas privadas interesadas deben realizar los estudios de factibilidad privada de ejecución privada del proyecto, para definir si les conviene hacerse cargo de la ejecución del proyecto operando según las bases de la licitación de APP.
Hasta fines de la década de 1990, América Latina y el Caribe era la región en la que más proliferaban las APP, luego los proyectos de este tipo se desplomaron debido en parte a las reacciones adversas provocadas por la implementación deficiente de las APP; a partir de 2005, se establecieron organismos específicos de supervisión de los procesos de asignación y se fortalecieron las regulaciones, entonces la APP volvieron a ser una herramienta ampliamente utilizada.
En el período 2006/2015, en El Salvador se estuvieron ejecutando cinco proyectos de APP en infraestructura, mientras que en Nicaragua 8, en Honduras y Panamá 10, en Costa Rica 13 y Guatemala 14. Para el año 2017, en El Salvador se habían ejecutado 11 proyectos de APP, de los cuales 8 eran de electricidad.(World Bank Group. Evaluación de Asociaciones Público Privadas en infraestructura del Grupo BID https://pppknowledgelab.org/countries/el-salvador).
La experiencia de asocios público privados en otros países muestra aspectos positivos como el hecho de estimular la inversión privada nacional y extranjera; cubrir la falta de eficiencia y de aptitudes técnicas de las instituciones públicas, la lentitud en los procesos de adquisiciones, las restricciones presupuestarias; así como la ejecución de los proyectos públicos en el tiempo establecido.
Los aspectos negativos son más numerosos: los proyectos plantean muchos riesgos técnicos, financieros, ambientales y sociales; no siempre garantiza los intereses de la población y de la institución pública correspondiente, especialmente porque los costos de transacción (identificación, establecimiento de las condiciones, licitación, administración y supervisión) y los costos sociales pueden ser mayores que los beneficios para la sociedad; algunas de las empresas privadas a cargo del proyecto se declaran en quiebra; poca transparencia en los procesos de creación; poca atención a los aspectos sociales; aumenta la deuda pública; se centran en proyectos rentables en detrimento de las necesidades de los desfavorecidos; es una forma cara de recaudar dinero; existe poca capacidad para negociar contratos de este tipo.
En la medida que las instituciones públicas sean capaces de identificar proyectos de asocio público y privado, así como realizar las otras tareas correspondientes con eficiencia y sin corrupción, esta modalidad es muy adecuada para salir del subdesarrollo.
