La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al director general de Centros Penales, Osiris Luna y al director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, por su participación en las negociaciones con pandillas y en la reventa de alimentos entregados por el gobierno durante la pandemia.
Ante esta situación, el presidente de la República, Nayib Bukele, negó los señalamientos hechos por la entidad norteamericana sobre sus funcionarios.
“¿Celulares y prostitutas en las cárceles? ¿Dinero a las pandillas? ¿Cuándo pasó eso? ¿No revisaron ni la fecha? ¿Cómo pueden poner una mentira tan obvia sin que nadie se las cuestione? Hay videos sí, pero de sus amigos haciendo eso. No nosotros. Ya ni disimulan”, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.
El mandatario prosiguió al cuestionar a la exencargada de Negocios de la embajada de los Estados Unidos, Jean Manes, quien supuestamente le pidió cuatro favores.
“En nuestra última reunión, la ex encargada de negocios de EEUU, Jean Manes, me pidió 4 cosas: la liberación de Ernesto Muyshondt, la no reelección del Fiscal General Rodolfo Delgado, compromiso de no tocar a dos personas: Alfredo Cristiani y Douglas Meléndez y detener los arrestos de las personas implicadas en los sobresueldos”, manifestó Bukele.
Según el gobernante, esta reunión fue antes del 16 de septiembre, cuando cortó comunicación con Manes.
“Desde entonces intento contactarse, pero sin éxito, por lo que su Gobierno decidió que era mejor que abandonará el país”, añadió.
Por otra parte, Yanira Meza Olivares, madre del director de centros penales, fue alcanzada por el brazo de la justicia norteamericana.
A los funcionarios y la civil les fue impuesta la Ley Global Magnitsky sobre la Responsabilidad de Derechos Humanos, la cual fue emitida el 20 de diciembre de 2017, en reconocimiento de que la prevalencia de los abusos de derechos humanos y la corrupción que tienen su fuente, total o en parte sustancial, fuera de los Estados Unidos, había alcanzado tal alcance y gravedad que amenazaban la estabilidad de la comunidad internacional. sistemas políticos y económicos.
En este sentido, el Departamento del Tesoro de EUA informó que designó una investigación en la cual se revelan las “negociaciones encubiertas entre funcionarios del gobierno y la organización criminal”.
En el comunicado se describe que estas negociaciones son parte de los esfuerzos del gobierno salvadoreño por negociar con estos grupos criminales.
La investigación del Tesoro indica que en 2020 el gobierno de Nayib Bukele brindó incentivos financieros a las pandillas salvadoreñas, tanto la MS-13 y Barrio 18, con el objetivo de que se redujeran los homicidios en El Salvador.
Luna y Marroquín, en el transcurso de las negociaciones con las pandillas, acordaron beneficiar políticamente al partido Nuevas Ideas con votos en las elecciones municipales y legislativas de 2021.
“Además de las asignaciones financieras del gobierno salvadoreño en 2020, las pandillas también recibieron privilegios para el liderazgo de las pandillas encarcelados en las cárceles salvadoreñas, como el suministro de teléfonos móviles y prostitutas”, detalla el comunicado del Tesoro.
Luna y Marroquín, también conocido como Sliptone, “dirigieron, facilitaron y organizaron una serie de reuniones secretas en las que participaron líderes de pandillas encarcelados, en las que se permitió que pandilleros conocidos ingresaran a las instalaciones penitenciarias y se reunieran con altos mandos de la pandilla”, detalla el documento.
Entre las sanciones, se encuentran el bloqueo de todas las propiedades e intereses en Estados Unidos pertenecientes a Luna, Meza o Marroquín.
Por otra parte, Luna participó en un plan para robar y revender productos básicos comprados por el gobierno que originalmente estaban destinados al alivio de la economía de las familias salvadoreñas producida por la pandemia de COVID-19. Estos artículos se transfirieron a empresas privadas y luego se revenden en el mercado privado o se devuelven al gobierno.
La madre de Luna, Alma Yanira Meza Olivares, actuó como negociadora en algunas de estas transacciones. Además, Luna y Meza desarrollaron un plan para malversar millones de dólares del sistema penitenciario de El Salvador. También crearon puestos de trabajo fraudulentos dentro del sistema penitenciario, en los que supuestos “empleados” recibirían cheques de pago mensuales y devolverían la mayor parte de las ganancias a Luna y Meza.
Luna y Marroquin están designados de conformidad con E.O. 13818 por ser personas extranjeras que son funcionarios gubernamentales actuales o anteriores, o personas que actúan para o en nombre de dicho funcionario, que son responsables o cómplices de, o han participado directa o indirectamente en la corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de activos privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o el soborno.
Meza está designado de conformidad con E.O. 13818 por haber asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a Luna o en apoyo de ella.
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, prefirió guardar el silencio ante sendos señalamientos.
