Estados Unidos expresó preocupación por los hechos de violencia en El Salvador y la aprobación e implementación de la reforma al Código Penal por la Asamblea Legislativa el pasado 5 de abril, que criminaliza la cobertura periodística sobre ciertas actividades de las pandillas.
Antony J. Blinken, secretario de Estado de EEUU, dijo este domingo que la ley podría facilitar intentos de censurar a los medios de comunicación, evitar que se informe sobre corrupción y otros asuntos de interés público y silenciar a críticos del gobierno salvadoreño. “Los periodistas deben tener libertad para llevar adelante su labor sin temor a violencia, amenazas o detención injusta”, expresó.
Reconoció que las pandillas representan una amenaza para la seguridad de EEUU y de El Salvador, por lo que instó al gobierno del país centroamericano a abordar el problema y al mismo tiempo a proteger las libertades civiles, incluidas incluidas la libertad de prensa, el debido proceso y la libertad de expresión.
Blinken, en un comunicado, dijo que “ahora más que nunca, resulta esencial” que se extradite a los líderes de pandillas para que sean juzgados en Estados Unidos.
Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TUNOTICIALOCAL “Manifestamos profunda consternación por el aumento de la violencia y los homicidios perpetrados por las pandillas MS-13 y Barrio 18 en El Salvador el 25, 26 y 27 de marzo”, manifestó.
El funcionario aseguró que Estados Unidos sigue apoyando a El Salvador en sus esfuerzos por reducir la proliferación de pandillas.
Desde 2008, indicó, han invertido US$411 millones para mejorar la seguridad ciudadana y ayudar al gobierno salvadoreño a combatir la violencia por parte de pandillas. Algunos ejemplos incluyen la construcción de un laboratorio forense de última generación en Nuevo Cuscatlán y asistencia para recuperar y reacondicionar espacios públicos como el Parque Cuscatlán.
“En una democracia no es el poder quien decide lo que se publica. El Salvador pagó un precio muy alto por nuestras libertades. No podemos conceder que nos las arrebate un régimen que pretende mantener a la ciudadanía en la oscuridad”, manifestó el medio.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó las reformas que consideró que implican la “criminalización del trabajo de los medios y de los periodistas” y contravienen asimismo principios constitucionales y tratados internacionales sobre libertad de prensa y sobre el derecho ciudadano a acceder a información relevante y de interés público.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati criticó las reformas en cuanto a que “criminalizan el trabajo de los medios y periodistas”. Canahuati, presidente del Grupo Opsa, de Honduras, consideró que se trata de “una mordaza legal, una censura directa y previa a los medios que tendrá profundas consecuencias para la sociedad salvadoreña” y añadió que “un país no puede bloquear la violencia censurando a la opinión pública, ya que es justamente en el debate público donde las sociedades encuentran los remedios a sus problemas”.
La Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó las reformas con la intención de frenar la violencia en el país. Pero prohíbe “a los medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico en la población”.
También declara ilegales todos “los textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis y cualquier forma de expresión visual, plasmada en propiedad pública o privada”, que transmitan mensajes relacionados a grupos criminales.
