Los diputados de la comisión que analizó el manejo de la pandemia durante la emergencia del COVID-19, certificarán ante la Fiscalía General de la República (FGR) posibles delitos cometidos por dos funcionarias, tras indicar desconocer el paradero de 51 ancianos que se enfermaron de coronavirus y que estaban bajo la custodia del Centro de Atención de Adultos Mayores “Sara Zaldívar”.
Las empleadas públicas señaladas son la directora del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), Ligia Gallardo, y la directora del asilo “Sara Zaldívar”,Claudia Susana Barahona.
Ante el caso, los parlamentarios determinaron que hubo una falta de coordinación interinstitucional, ya que ambas mujeres alegaron que no poseer datos de los fallecidos por COVID-19 en el lugar, por ser manejado por el Ministerio de Salud.
"Es inconcebible que a esta fecha no se sepa el paradero de más de 50 adultos mayores que estaban bajo tutela. Se les recomienda que tengan el control de la institución de la cuál están al frente, y que bajo su única responsabilidad está la vida y salud de los residentes del Centro", se lee en el informe.
El pasado 1 de febrero, las autoridades del ISRI y del asilo asistieron a la primera convocatoria de la comisión especial que investiga el manejo de la pandemia de COVID-19, luego de nueve inasistencias a las comisiones de salud y de la familia.
Ambas fueron cuestionadas sobre la cantidad de adultos mayores fallecidos bajo su tutela, puesto que un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) señaló que serían 42 ancianos.
Por su parte, la directora del centro expuso que fue Salud el encargado de la logística, protocolos y lineamientos, por lo que ellos referían a los pacientes cuando presentaban síntomas graves.
“Ellos eran los encargados de llevar toda la parte clínica”, indicó.
Ambas funcionarias sostuvieron que dentro del centro fallecieron 16 adultos mayores; no obstante, no podían responder por los casos que fueron referidos y fallecieron en hospitales.
Por lo que los legisladores cuestionaron por los 77 ancianos menos, siendo que solo de 16 poseen el registro de muerte por COVID-19, a lo que contestaron que 10 casos fueron de familiares que se llevaron a los mayores y también destacaron que la tasa de mortalidad mensual en el hogar es de entre dos a tres.
Por lo tanto, los diputados establecieron que no hay respuesta de las autoridades por un total de 51 adultos mayores.
Portillo Cuadra asegura que hay un faltante de US $1 millón de los fondos de emergencia
Por otra parte, el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, informó que de los $2,000 millones que la Asamblea aprobó para enfrentar la pandemia, hay $1,000 millones que se desconocen adonde fueron a parar.
“Hay alrededor de $1,000 millones que no se sabe cuál es el paradero, pero que sí ingresaron al Fondo General de la Nación, estos son algunos de los hallazgos que el informe revela que queremos profundizar, por eso queremos recibir al Comité de Veeduría”, explicó Portillo Cuadra.
