La decisión de crear “la comisión de la verdad” se dará la semana entrante. Siempre buscando el apoyo del pleno del Congreso, el cual, el martes 8 de octubre, les dio la espalda a los diputados que buscan la creación de esta instancia, ya que, de los 89 diputados presentes, no llegaban a los 80 para aprobarla, como sí lo hicieron cuando conformaron la primera, detalla una nota del periódico Prensa Libre.
De no contar con los votos para aprobar la comisión, los diputados promotores de la conformación de esta, Juan Ramón Lau y Manuel Conde Orellana, entre otros, buscan que la presidencia del Congreso lo haga, como se hizo con la comisión que investigó la compra del edificio del Ministerio Público en la época de Thelma Aldana.
Esa comisión fue creada por Felipe Alejos, cuando fungía como presidente en funciones del organismo Legislativo y utilizó el inciso “L” del artículo 18 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo sobre las atribuciones del presidente del congreso que en caso de urgencia podrá designar comisiones específicas o encargar determinadas funciones a uno o más Diputados. De estos actos dará cuenta al Pleno del Congreso dentro de las primeras dos sesiones siguientes.
El diputado Manuel Conde Orellana incluso afirmó que en la presidencia del Congreso se está redactando el acuerdo para conformar de nuevo esta comisión.
Mientras que el primer secretario de junta directiva del Congreso, Estuardo Galdámez, indicó que en junta directiva se ha discutido ese punto, pero no se ha tomado una decisión.
“Cuando tengamos los votos vamos a salir a decir la decisión de Junta Directiva, lo que tenemos todos los diputados es el deseo y anhelo de saber todas las actuaciones de Cicig y que todos los guatemaltecos sepan de esas actuaciones. Eso no es correcto, no es violar los derechos humanos, ni usurpación de funciones”, dijo Galdámez.
La nueva comisión estaría conformada por los mismos diputados Luis Pedro Álvarez, independiente; Manuel Conde del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Luis Hernández Azmitia del Movimiento Reformador, Juan Ramón Lau del partido Todos y Aníbal Rojas del partido Visión con Valores (Viva).
La comisión tendrá como objetivo seguir escuchando a las víctimas de la Cicig y al finalizar las audiencias públicas remitir un informe y del resultado de este presentar las denuncias que correspondan sobre las actuaciones de la comisión durante los 12 años que estuvo en el país.
La resolución de la Corte de Constitucionalidad que suspendió el actuar de la comisión anticicig señala que el Congreso puede crear una comisión pero que esta no trasgreda funciones que la Constitución le atribuye al poder judicial y al Ministerio Público.
La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional al Ministerio Público, Acción Ciudadana y al abogado Alfonso Carrillo al señalar que existe una incongruencia entre lo que dicen los artículos 1 y 2 del acuerdo de creación de la comisión legislativa con los argumentos que el Congreso expuso en informes circunstanciados.
La votación fue por mayoría 4-1, la magistrada Dina Ochoa, nombrada por la Presidencia, fue votó contra el otorgamiento del amparo por considerar que la vía para atacar la creación del acuerdo era la inconstitucionalidad y no el amparo.
EL Congreso decidió este viernes denunciar a los cuatro magistrados que votaron a favor de suspender provisionalmente el trabajo de la comisión legislativa.
Los magistrados denunciados por el Congreso son Bonerge Amílcar Mejía Orellana, Gloria Porras Escobar, Neftaly Aldana Herrera y José Francisco de Mata Vela.
Según la Junta Directiva del Legislativo, que emitió un comunicado este viernes 11 de octubre, los magistrados constitucionales habrían cometido abuso de autoridad, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y prevaricato.
La denuncia la fundamenta el Congreso en el artículo 171 de la Constitución Política, donde señala que “el Congreso de la República tiene las facultades para nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración pública que planteen problemas de interés nacional”.
Según la denuncia, al suspender el trabajo de la Comisión, los magistrados “impiden el libre ejercicio de funciones y atribuciones constitucionales de los diputados y limitan las facultades enmarcadas en la ley, como fiscalización y legislación”.
