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sábado, 08 de mayo del 2021

Diputados quieren más informes de eliminación de secretarí­as en CAPRES

Con el despido de casi 700 empleados, el órgano Ejecutivo busca ahorrar $13,1 millones. Las remuneraciones en la Presidencia tuvieron un fuerte incremento en 2009, pero para los años 2018 y 2019 tuvo una leve disminución en ese rubro

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El presidente Nayib Bukele, deberá tener paciencia, y mucha, si quiere que los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitan un dictamen favorable a la iniciativa que presentó el pasado 12 de junio a través del Ministerio de Hacienda, en la que solicita reformas a la Ley de Salarios correspondiente al Ejecutivo.

Los legisladores quieren ir más allá de la enmienda a la referida ley y conocer en qué términos se está planteando la propuesta.

El 2 de junio, durante una reunión de consejo de ministros, se acordó modificar la estructura de la presidencia. Esto implicó disolver al menos cuatro secretarí­as: Participación Ciudadana, Gobernabilidad, Inclusión Social y la Técnica y Planificación de la Presidencia.

A raí­z de lo anterior, 698 empleados han sido cesados en sus funciones, a pesar que todaví­a siguen laborando pero bajo un ambiente de incertidumbre. El argumento del Ejecutivo es que esto le permitirá un ahorro salarial para indemnizar a los empleados que han sido despedidos.

La iniciativa, que ya está en manos de los diputados, no los convence y por el contrario, tienen dudas, y por eso, los parlamentarios quieren conocer con precisión cuáles serán los efectos de esta medida.

El diputado de GANA y presidente de la Comisión, Guadalupe Vásquez, manifestó que en los últimos 5 años se crearon más de 40 mil plazas y la Presidencia tení­a un “presupuesto inflado”. Hoy están pidiendo la reducción de trabajadores, pero se desconoce si con el ahorro que pretenden obtener no contratarán nuevo personal.

Rodolfo Parker del Partido Demócrata Cristiano (PDC), externó su oposición por razones constitucionales, y aclaró que hay jurisprudencia por una sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo en  2016 en la que en ese entonces la autoridad demandada utilizó la figura de supresión de plazas para despedir a una empleada, vulnerando sus  derechos de audiencia, defensa y estabilidad laboral. Al final fue amparada por el tribunal.

También hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que estableció que “previo a ordenar la supresión de una plaza la autoridad competente debe cumplir con la elaboración de un estudio técnico de justificación, basados en aspectos de presupuesto, necesidad del servicio y técnicas de análisis ocupacional”, explicó Parker.

En tanto, la diputada efemelenista Yanci Urbina fue tajante al decir que la petición de la Presidencia contraviene la legalidad en materia laboral y no se contemplan medidas compensatorias para los empleados, violando incluso, lo que establece la Ley del Servicio Civil. Por tanto, el FMLN no avalará la iniciativa.

Francisco Merino, del PCN, considera que la solicitud no es clara, y por tanto, se requiere conocer la opinión de otros sectores. Y si bien reconoció que los cargos de confianza están sujetos a ser cesados, no es así­ en el caso de motoristas, ordenanzas u otro tipo de empleados.

Donato Vaquerano, de ARENA, cree que el tema es complejo y coincidió con el resto de sus colegas. Para este legislador es importante hacer un análisis para saber si es conveniente que la Asamblea reforme la Ley de Salarios o no.

Con el despido de casi 700 empleados, el órgano Ejecutivo busca ahorrar $13,1 millones. Las remuneraciones en la Presidencia tuvieron un fuerte incremento en 2009, pero para los años 2018 y 2019 tuvo una leve disminución en ese rubro.

Con la eliminación de las unidades operativas de Casa Presidencia y la supresión de plazas, en teorí­a se tendrá un ahorro salarial, pero en la Asamblea los diputados no descartan que al final el dinero sea utilizado para nuevas contrataciones.

Para la próxima semana se espera que la Comisión de Hacienda elabore una calendarización para llamar al jurí­dico de la Presidencia, al ministro de Trabajo, el de Hacienda y a un grupo de personas que han quedado sin empleo.

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