61 diputados de la Asamblea Legislativa votaron a favor de retirarle el fuero constitucional al diputado José Ilofio García Torres, misma cantidad de votos ha sido para desaforar al diputado Gerardo Balmore Aguilar Soriano.
El pleno legislativo aceptó la recomendación de la Comisión Especial de Antejuicio por medio de los dos dictámenes y declaró lugar a formación de causa contra los dos legisladores.
“Dijimos que no íbamos a admitir más corrupción, y así como denunciamos la de los demás partidos, también denunciamos y castigamos la de Nuevas Ideas”, expresó el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro.
Según la prueba que entregó el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, ambos parlamentarios habrían sostenido al menos dos reuniones con el operario político Roy García, y habrían negociado dádivas a cambio de votar diferente e inducir a otros legisladores.
Con el desafuero aprobado, la FGR seguirá el proceso judicial en la Cámara Primero de lo Penal, de la Primera Sección del Centro, donde se presentará el requerimiento respectivo.
Ambos son acusados de solicitar dádivas a José Rogelio García Castro, un líder de salvadoreños en el exterior conocido como Roy García, quien también fue acusado por la Fiscalía General de la República.
En esa conversación, el legislador pedía hablar con el funcionario de más alto nivel de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador.
“Vaya, hasta ahí, estamos bien, pero ¿qué quieren y qué número piden y qué es lo que ofrecen, digámoslo así?, o sea, ¿qué ellos quieren hacer?, vaya, digamos, yo puedo ser en enlace, el contacto, de no menos de 15 arriba de 20, pero ¿qué tienen pensado hacer con eso?”. Voz de uno de los diputados de Nuevas Ideas, según audio publicado por el mismo partido político.
Esta supuesta acción, llevó que los parlamentarios procedieran a crear una comisión especial que escuchó a la parte fiscal y a la parte defensora de ambos legisladores, y determinó, con base a las pruebas expuestas, que existe lugar a formación de causa en el sentido sean desaforados los señalados.
Por mandato constitucional y con el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL), debe ser el pleno legislativo quién decida si acepta la recomendación de desafuero, o por el contrario, lo rechaza y archiva el proceso.
Respecto al delito de cohecho impropio esto se refiere cuando un funcionario cuando solicita o recibe una dádiva o cualquier otra ventaja indebida o acepte una promesa de retribución para realizar un acto propio de sus funciones o por un acto realizado propio de su cargo. Este es sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial del cargo por igual periodo.
