La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa acordó citar para este lunes a los representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para ampliar información sobre un contrato de préstamo por $109 millones, que el Gobierno busca autorizar para financiar el Programa de Modernización de Seguridad Ciudadana del Plan Control Territorial fase III.
Durante el encuentro, los parlamentarios también debatieron la posibilidad de convocar posteriormente a los titulares del Ministerio de Hacienda, Justicia y Seguridad Pública, así como al de la Defensa Nacional, siempre con el afán de contar con mayores elementos informativos que permitan unificar criterios y clarificar dudas sobre los componentes e inversión del préstamo.
En ese contexto, los diputados de diferentes grupos parlamentarios reafirmaron su compromiso con la seguridad ciudadana y recordaron el apoyo que en reiteradas ocasiones han brindado al dotar de recursos para adquisición de equipo, vestuario, calzado y alimentación para elementos de seguridad, así como la aprobación -en diciembre- del préstamo por $91 millones para financiar la ejecución del “Programa de Desarrollo Social en el Marco del Programa de Financiamiento del Plan Control Territorial en su Fase II”.
El diputado Carlos Reyes, jefe de fracción de Arena, explicó que no es que estén diciendo que desaparezcan el presupuesto que va dirigido a videovigilancia, pero que quieren verificar “que no haya duplicidad de esfuerzos”.
Pidió también verificar los seis helicópteros que tiene el Ministerio de la Defensa Nacional y analizar si serán dos buques los que tendrá el país.
La autorización del crédito requiere 43 votos. Su aprobación, que ocurre después de que el Gobierno negocie el empréstito con el BCIE, necesitará 56 votos.
El destino de la deuda será según el Gobierno: $25.9 millones para infraestructura y videovigilancia, $46.9 millones para dos helicópteros y otras compras para movilidad; $2.6 millones de equipo, infraestructura e inmobiliario médico para el Hospital Militar; $17.4 millones para equipo de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES); $12.9 millones para equipo médico; y $3.3 millones para administración y supervisión.
En otro tema, la comisión emitió un dictamen favorable para establecer que la contribución que deben aportar los productores de caña, azucareras o ingenios por libra de azúcar extraída durante la zafra 2019/2020 -para financiar el presupuesto de gastos e inversiones anuales del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA)- sea de $0.000619 por libra de azúcar.
Según la Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera de El Salvador, en el artículo 16 establece que el presupuesto de gastos e inversiones anuales del Consejo será financiado con una contribución que deberán aportar los productores de caña y las centrales azucareras o ingenios por libra de azúcar extraída, y que dicha contribución debe establecerse por la Asamblea Legislativa a propuesta del Ministerio de Hacienda y será recaudada por la mencionada cartera estatal.
Por otra parte, se emitió dictamen recomendable a la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Karla Hananía de Varela, para que se realice un estudio para verificar la factibilidad de realizar proyecto de infraestructura educativa en la reparación del Centro Escolar Anselma Sánchez de Mancía, municipio El Congo (Santa Ana).
