El Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló la "lista negra" de funcionarios corruptos de los países del Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala), la cual responde a un mandato de la nueva Ley de Autorización de Defensa Nacional, que fue firmada por el presidente, Donald Trump, a finales de 2018.
El Gobierno estadounidense decidió incluir en dicha nómina a 10 políticos y exfuncionarios del Gobierno de El Salvador, entre los que se destacan la presencia de los dos expresidentes, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes, a quienes se añade la presencia del exfiscal general Luis Martínez y del exalcalde de Apopa por el partido ARENA, Elías Hernández.
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La lista se completa con funcionarios que estuvieron bajo la administración de Saca (2004-2009), que se han visto implicados en el caso "Destape a la Corrupción".
En el caso de Guatemala, el nombre más destacado es el de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, quien fue sentenciada en octubre de 2018 a 15 años de prisión por delitos de corrupción.
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Críticas contra el listado
No obstante la congresista demócrata, Norma Torres, una de las impulsoras de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, criticó el listado elaborado por el Departamento de Estado, pues la considera una "farsa", puesto que en la nómina está integrada en su mayoría por funcionarios que ya fueron condenados y acusó a la administración Trump de estar "encubriendo a los corruptos".
"Esta lista es una farsa. Es increíble que el Departamento de Estado se haya retrasado 53 días en entregar este informe y esto es lo que nos dieron. Si el Congreso quisiera una lista de funcionarios que fueron sentenciados o sancionados, lo hubiéramos buscado en Google. Sabemos, y todos los expertos del Departamento de Estado también saben, que el gobierno de los Estados Unidos tiene conocimiento de muchos, pero muchos funcionarios corruptos en Centroamérica la administración de Trump se están involucrando en un encubrimiento. Esta no es la primera vez que este gobierno ha sido cómplice de la corrupción en Centroamérica. Después de todo, este es el mismo gobierno que le dio luz verde al Presidente de Guatemala para expulsar a una comisión anticorrupción apoyada por los Estados Unidos", cuestionó Torres.
La normativa fue concebida como un arma en la lucha contra la corrupción en la región centroamericana, uno de los pasillos principales por los que circula droga, armas y otros ilícitos con dirección a la nación norteamericana.
Entre las consecuencias que podrían enfrentar los individuos que aparecen en el listado están la congelación de activos y la denegación de visas.