El Juzgado 14° de Paz de San Salvador dictó el sobreseimiento definitivo a favor de José Aquiles Enrique Rais López, Marie Annettee Clairmont de Rais, Michelle Marie Rais de Barake, Hugo Ernesto Blanco Rais, Claudia María Alvarenga Martínez y Demetrio Alexander Palacios, acusados de administración fraudulenta en perjuicio de las sociedades TRADESAL INC y CINDESOL ING, y de Franco Pacetti. Además en dicho proceso a Rais López se le acusa de estafa.
El 26 de noviembre de 2014, la Fiscalía General de la República (FGR) bajo la administración del exfiscal Luis Martínez, presentó requerimiento fiscal al Juzgado 14° de Paz solicitando sobreseimiento definitivo a favor de los 6 imputados; por lo que el juez suplente, Mauricio Álvarez, otorga el sobreseimiento definitivo. Pero, los abogados de las víctimas interponen recursos de apelación, primero ante la Cámara 2° de lo Penal y posteriormente ante la Sala de Penal, dicha Sala dio la razón a la víctima y manda que la Cámara 3° de lo Penal evalúe el sobreseimiento definitivo.
Por lo que el 29 de abril de 2016, la Cámara 3° de lo Penal dictó un sobreseimiento provisional y ordenó a la FGR a cumplir con su función de investigación, verificando los requisitos de poderes otorgados en el extranjero y que realice diligencias que pidió víctima, las cuales son: hacer auditorías, peritajes, solicitud de informes bancarios de las cuentas y transferencias que se mencionan en el requerimiento fiscal.
Hasta antes de dictar el sobreseimiento definitivo, el ministerio público fiscal no presentó ninguna de las diligencias que ordenó la Cámara 3° de lo Penal, por lo que el juez interino del Juzgado 14° de Paz, bajo el criterio del plazo razonable (finalización del tiempo del sobreseimiento provisional) dictó el sobreseimiento definitivo.
Desde la primera resolución del Juzgado 14° de Paz, hecha el 28 de noviembre de 2014 han presentado una serie de peticiones (recursos y casaciones) tanto de parte de los abogados de la víctima como los abogados de los imputados.
La acusación fue presentada por los canadienses en diciembre del 2013 y marzo 2014, donde estos denunciaron a Rais, un familiar y empleados acusado de malversar fondos de la empresa, además lo demandaron por estafa, donde lo señalaban por transferencia de acciones de la empresa de Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) indicando que también tenía pagos pendientes por la compraventa de las acciones.
Enrique Rais expuso a los canadienses, previo a estas acusaciones, por extorsión, apropiación o retención indebida, al obligarlo a firmar un acuerdo simulado para pagarles un total de $25 millones, ejerciendo amenazas de dañarlo a él, a su familia y bienes. Por lo que los extranjeros ya tienen orden penal internacional por esta causa.
“Esta resolución es un gran paso para la justicia que como defensa hemos batallado judicialmente para alcanzar y que además demuestra que la persecución penal promovida por la Fiscalía (General de la República) durante la administración de Douglas Meléndez fue arbitraria, fabricada sobre prueba falsa, prueba ilícita y testigos sin rostro (testigos protegidos)”, explica Carlos Rubio, apoderado legal de Enrique Rais.
Douglas Meléndez ha sido señalado por la fabricación de casos, lo cual ha sido expuesto por el actual fiscal Raúl Melara, quien indicó que hacían difusión mediática de casos, dejando a un lado la investigación y garantías de pruebas.
La fiscalía tuvo un año para darle seguimiento a este caso, desde el 29 de abril del 2016 al 28 de abril de 2017, sin embargo por ser un caso de importancia mediática, fue hasta el 26 de abril de 218, que la FGR lo abre arbitrariamente, según indica en la resolución el Juez 14 de Paz.
“Tal y como ha quedado reflejado, para citar ejemplos me permito mencionar, ninguna de las diligencias mencionadas y encomendadas por la Cámara Tercera, fue instalada ante este Juzgado(…), a última hora, fiscalía en una especie de lotería, o intento descontrolado bajo una forma de irrespeto a la objetividad, al juez natural, al derecho de audiencia, defensa, principios de inmediación, concentración y contradicción viene y presenta certificaciones de otros juzgados y con base a ello pretendió reaperturar el caso”, señala el Juez.
La Organización de las Naciones Unidad (ONU) habría hecho un llamado a detener, el proceso de detención contra Rais, y tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por violaciones a los Derechos Humanos dentro de este caso.
“Queda demostrada la falacia contenida en el caso corruptela, que fabricado en actas de confesiones extrajudiciales (de 4 fiscales auxiliares y 2 empleados de la FGR) que después fueron invalidados ante el reconocimiento de sus propios autores que las habían otorgado sin la voluntad plena por coacciones sufridas de los agentes fiscales e investigadores a cargo del caso, donde se sostiene que el Enrique Rais, compró voluntades para obtener beneficios y ser sobreseído en perjuicio de los canadienses”, señala el abogado.
Rubio indicó que el fiscal dilató el proceso y no solicitó la reapertura del caso al no poder demostrarse la calidad de accionistas o de acreedores por parte los denunciantes.
“Cuando ahora la realidad demuestra que fue la Fiscalía bajo administración de Douglas Meléndez que no realizó diligencias para pedir la reapertura al no poder demostrarse la calidad de accionistas o de acreedores por parte de Matteo Pasquale y Franco Pacetti”, indicó Rubio.
Con la resolución del juez, el caso quedaría cerrado, y exonera de acción civil y penal a Enrique Rais y a las demás personas que fueron falsamente acusadas.
