jueves, 12 de mayo del 2022
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Detenciones ilegales de periodistas podrían desencadenar protestas

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La APES también considera que fanáticos de Nuevas Ideas pueden atentar contra la vida y la seguridad de los periodistas.

“Si por contar la realidad, un periodista es detenido o vulnerado yo esperaría que todos levantemos el grito y todos protestemos, es lo menos que podemos hacer”, así declaró el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Fagoaga, ante las reformas que los diputados de la Asamblea Legislativa realizaron, el martes, a la Ley de Proscripción de Pandillas y al Código Penal.

La institución ya había manifestado su preocupación, debido a que señala que estas modificaciones en su conjunto son un claro mensaje de censura a los medios de comunicación, porque con ello se busca criminalizar a los periodistas que le den cobertura al tema de la violencia en el país.

Estas modificaciones, van encaminadas a penalizar hasta con 15 años de cárcel a toda persona natural o medio de comunicación, que esté involucrado en “la elaboración y reproducción ilegal de mensajes, señales, denominaciones o propaganda alusiva a pandillas” .

Fagoaga, señaló que la reforma al Código Procesal aprobada con dispensa de trámite por las fracciones de Nuevas Ideas, Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido de Concertación Nacional (PCN) al final afecta a la población porque pretende limitar su derecho de acceso a la información pública.

“No solo se nos está afectando a nosotros, se está afectando el derecho a la información de la población, al final, la población es la más afectada con esto. Esta reforma lo que busca es que la gente se censure y que no digamos nada, hay medios de comunicación que están investigando el repunte de homicidios (pero están analizando) cómo se va a publicar, porque no hay garantías constitucionales”, dijo el titular de la APES.

Sostuvo que el actual gobierno “busca esconder” la realidad de la violencia producida por las pandillas.

“Es un claro intento de censura a los medios de comunicación. Prohibir al periodismo reportar la realidad… no surtirá efecto en las vidas de las personas sino que creará un espejismo… No mencionar a las pandillas tampoco las hará desaparecer”, indicó.

La gremial recuerda en su pronunciamiento reportajes publicados sobre supuestas negociaciones entre los gobiernos y las pandillas MS-13 y 18 en El Salvador: “Gracias al periodismo, El Salvador y el mundo conoció que varios gobiernos salvadoreños, incluido el actual, pactaron con las pandillas, o que el actual Estado salvadoreño, con Nayib Bukele a la cabeza, protegió a estos criminales y negó su extradición hacia los Estados Unidos”, esto en referencia a que El Salvador no ha entregado a 14 cabecillas de pandillas requeridos por tribunales de los Estados Unidos y a la posible liberación del pandillero “Crook”, uno de los requeridos por la justicia estadounidense.

Al ser cuestionado, si en esta situación puede darse casos de sicariato contra periodistas como sucede en México y en otras naciones, el comunicador dijo que no cree que suceda ese tipo de acciones en territorio salvadoreño.

Lo que sí consideró posible es que surjan casos de fanáticos de Nuevas Ideas, que quieran atentar contra la vida de los reporteros.

“Es parte de la narrativa gubernamental anti medios de comunicación, de que el periodista es un enemigo. Por lo crece la posibilidad de que haya algún enajenado mental, que quiera atentar contra algún periodista en un país tan violento si vos decis: son socios de las pandillas, probablemente se den casos de este tipo y los hemos advertido y nos preocupa también”, expresó.

Por lo tanto, hizo un llamado al gremio que si necesitan apoyo legal o psicológico, que se aboquen a la APES sin importar que sean miembros. Agregó, que se han estado preparando para este escenario desde hace dos años.

“Tenemos convenios con instituciones que nos pueden servir de defensa legal y pueden brindar asistencia emocional si en caso algún colega ha sido violentado. Además, podemos ayudar con transporte si te andan siguiendo como periodista”, detalló.

Explicó que desde se impuso el Estado de Excepción, han recibido cuatro denuncias de periodistas que han sido violentados por las fuerzas del orden, pero las agresiones denunciadas han ido al alza año con año: 65 agresiones en 2018, 77 agresiones en 2019, 125 en 2020 y 219 en 2021.

Por su parte Serafín Valencia, relator de la APES, sostuvo que las reformas avaladas por los diputados buscan violar la libertad de expresión. Valencia indicó el Gobierno intenta hacer creer que los periodistas están defendiendo a grupos criminales.

“Esto que estamos viviendo, es un segundo paso por violentar la libertad de prensa, es un acto puro de censura previa y la censura previa está prohibida en nuestra Constitución de la República”, dijo Valencia.

La reforma penal, según la asociación de periodistas, se suma a la figura de agentes encubiertos digitales, al espionaje a periodistas con el software Pegasus, los señalamientos falsos contra periodistas y la falta de garantías de privacidad de las comunicaciones en un régimen de excepción.

Comunidad internacional se pronuncia

Pero no solo la APES ha manifestado su postura, ya que el investigador sénior de la División de las Américas, Human Rights Watch, Juan Pappier, señaló que existen similitudes en las reformas impulsadas por el Gobierno de Nayib Bukele para castigar la difusión de mensajes de grupos criminales en medios de comunicación y una iniciativa que aprobó Hugo Chávez en Venezuela hace siete años.

“Hugo Chávez 2005 /// Nayib Bukele 2022”, escribió el representante de Human Rights Watch en su cuenta de twitter al publicar una imagen de los decretos aprobados por ambos gobernantes en fechas distintas, pero con el mismo fin.

De hecho, él subrayó sobre la imagen de las leyes que los dos presidentes justificaron las normativas para evitar “zozobra” en la población.

“Todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo y telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, cause pánico en la colectividad o lo mantenga en zozobra, será castigado con prisión de dos a cinco años”, publicó en su cuenta de Twitter.

De igual manera, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las reformas aprobadas el martes en la Asamblea Legislativa.

La SIP señala estas acciones que además de aprovecharse de la coyuntura que vive el país por el alza en la violencia, “contravienen asimismo principios constitucionales y tratados internacionales sobre libertad de prensa y sobre el derecho ciudadano a acceder a información relevante y de interés público”.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, señaló que esta es “una mordaza legal, una censura directa y previa a los medios que tendrá profundas consecuencias para la sociedad salvadoreña”. Añadió que “un país no puede bloquear la violencia censurando a la opinión pública, ya que es justamente en el debate público donde las sociedades encuentran los remedios a sus problemas”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo que “es evidente y lamentable que se aprovechen las circunstancias de la grave violencia social que padece el país para legalizar restricciones y profundizar la hostilidad que ha demostrado este gobierno contra la prensa”.

Gobierno asegura que no se vulnera la libertad de prensa

Ante esto, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Conan Castro, aseguró que las reformas penales aprobadas no son “un ataque contra la libertad de expresión”.

El funcionario sostuvo, que la reforma que prohíbe expresamente a los medios de comunicación reproducir mensajes que puedan ser de pandilleros, con lo que se “busca cuidar la salud mental” de las personas que según el funcionario están “afectadas por la zozobra generada por los diferentes medios”.

Aseveró que “los negociadores, los financistas, están por desaparecer”.

Castro es uno de los funcionarios salvadoreños incluidos en la primera edición de la “Lista de actores corruptos y antidemocráticos” elaborada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por el artículo 353 de la “Ley de compromiso mejorado del Triángulo Norte” por “actuar contra instituciones o procesos democráticos al colaborar en la destitución irregular de cinco magistrados de la Corte y el Fiscal General”.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también ha señalado a otros funcionarios del Gobierno actual de negociar con pandillas.

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Carlos Francisco Hernández
Periodista y redactor de ContraPunto. Especialista en temas políticos, sociales y judiciales
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