El viceministro de Salud, Eduardo Espinoza, responsabilizó por el desabastecimiento de medicamentos que vive el Hospital Rosales, a un decreto de inconstitucional de la Sala de lo Constitucional de 2015 que prohíbe hacer compras directas y dilata los tiempos de espera de la compra de las medicinas. Además dijo que parte de la culpa también recae en la negligencia de “la derecha legislativa” de oponerse a préstamos y orillar al Gobierno al recorte de presupuesto en Salud.
“No pedimos que se declarara inconstitucional la compra directa que nos obliga a tramitología prolongada y largos tiempos de espera que genera un desabastecimiento artificial, ni pedimos que no se financiara con bonos el presupuesto, y eso obligó a un recorte del Estado en todos los presupuestos, no solo en Salud”, dijo a ContraPunto, Eduardo Espinoza.
El funcionario admite que no han ocultado el desabastecimiento de medicamentos del Hospital Rosales, pero que debido a la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) que permitía al Estado hacer compras directas, los tiempos de espera de la adquisición de medicinas son más largos.
Eduardo Espinoza, viceministro de Salud. Foto/Vladimir Chicas.
Explica que el Ministerio de Salud (MINSAL) ha tramitado una compra de medicamentos a un monto de $23 millones de dólares por medio de licitación pública, pero que deben esperar tres semanas para esperar si presentan o no interesados en suministrarlas, además de cumplir requisitos en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC), entre otros.
“Los contratos de licitación están en fiscalía desde el viernes. Debemos esperar que el fiscal firme esos contratos para poder continuar con el trámite. No sabemos cuánto vaya a tardar, esperamos sea rápido. Mientras no firme y devuelva los contratos, no podemos notificar oficialmente a las empresas que han sido adjudicadas con tal y tal medicamento”, expresa Espinoza.
Posterior a ello, las empresas notificadas disponen de 45 días para entregar los medicamentos. Algunas pueden tener manufacturado el producto o tenerlo en existencia, por lo que el cliente, en este caso el MINSAL, puede pedir un anticipo. “Para ser objetivos hay que esperar entre julio y agosto la entrega de la mayor parte de medicamentos”, advierte el viceministro.
Dice que en los últimos días se ha reducido del 85% al 80% de desabastecimiento que varía según el tipo de hospitales. En el caso del Rosales que es de tercer nivel, esto significa un faltante de cerca de 90 medicamentos de todo el universo de medicamentos que administra, pero si la falta es grave, dice que puede recurrir la solidaridad del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISS) o a otros mecanismos para suplir los faltante.
“Ahí es evidente el pensamiento y accionar de la Sala de lo Constitucional, entonces, la Sala debe entender que sus acciones tienen efectos que en Salud, son enfermos y muertos. Me parece perverso si no lo saben porque entonces esperan enfermos y muertos necesarios para generar una crisis o para que se tache de irresponsable o incompetente al gobierno”, señala.
El galeno también lamenta que la falta de medicamentos sea tomada de manera irresponsable por algunos medios de comunicación que según dice, la magnifican o presentan una situación irreal al respecto, pues el país ha venido siendo líder en temas de salud regional como la disminución de mortalidad materna y la administración de vacunas, pero eso no es publicado por los medios.
“Me parece injusto y de mala fe que se quiera hacer ver que somos los culpables de una situación que fue generada por la derecha en la Asamblea Legislativa y la derecha en la Corte Suprema de Justicia“, subraya.
Garantías
Ante el recorte presupuestario que el MINSAL sufrió para que el Gobierno pudiese pagar la deuda previsional hace unos meses, Eduardo Espinoza dice que es muy difícil dar garantías de que no vuelva a haber un desabastecimiento o problemas en el sector salud.
“Nos obliga a recortes que están condicionados por esas decisiones políticas que desde la óptica de Salud son inconstitucionales. ¿Qué razones tuvo la CSJ para declarar inconstitucional la compra directa de medicamentos? Hizo prevalecer los intereses de los comercializadores de medicamentos, por encima de los intereses del derecho a la salud de la población”, subraya.
