En Colombia se siguen presentando por parte del Estado, la persecución, estigmatización y judicialización contra las comunidades que se organizan y movilizan contra las políticas neoliberales. En lo que va corrido del año se han presentado diversos casos de “falsos positivos judiciales” (montajes judiciales impulsados por la Fiscalía General de la Nación contra individuos que trabajan desarrollando proyectos productivos en su comunidad y organizando el movimiento social y popular colombiano) contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.
El pasado 20 de abril, se presentaron 30 capturas en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño (Sur-occidente colombiano) contra miembros del movimiento indígena y afrodescendiente, exalcaldes y expersoneros. Se les imputa los cargos de rebelión por haber asistido a la mesa de negociación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno de Colombia en Quito. Por ahora las denuncias se siguen realizando y el acompañamiento judicial a todos ellos también.
El más reciente caso de falso positivo judicial, fue en la ciudad de Bogotá contra el secretario técnico del movimiento social y popular Congreso de los Pueblos, Andrés Julián Gil Reyes quien hacia los 2:15 del día 06 de junio, fue abordado por cinco sujetos de civil y dos uniformados al parecer de la Policía Nacional y conducido al Comando de policía del departamento de Cundinamarca cuando salía de la sede del Congreso de los Pueblos de Bogotá. Según declaraciones del ministro de defensa Juan Carlos Villegas, Julián hace parte supuestamente de una célula urbana del ELN que opera en la capital y sus alrededores.
Sin embargo, Julián viene trabajando desde el 2006 con organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales juveniles articuladas al movimiento social y popular; lo cual ha generado todo un despliegue mediático por parte de medios de comunicación alternativos en apoyo a Julián y las demás victimas de montajes judiciales del Estado colombiano, cuya característica general son líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de Derechos Humanos.
Por otra parte, en materia de conflicto armado se ha recrudecido el enfrentamiento entre los actores armados como es el caso de la región del Catatumbo (departamento de Norte de Santander) donde las guerrillas del ELN y EPL (Ejército Popular de Liberación) se vienen enfrentando en combates desde febrero del presente año, agudizando la crisis social y humanitaria que viven los habitantes de la región.
Se ha visto desplazamiento forzado, ataques contra los bienes de la población civil, estigmatización de la Fuerza Pública contra la comunidad campesina y violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores armados. El más reciente caso de ataques contra las comunidades ocurrió este miércoles 06 de junio, donde fueron heridas familias en el corregimiento de Mesitas, municipio de Hacarí debido a bombardeos de la Fuerza Aérea Colombiana contra las viviendas, dejando como saldo además a un joven muerto identificado como Yurgen Gutiérrez y 64 familias desplazadas hacia veredas aledañas y 25 familias ubicadas en el casco urbano de Hacarí.
A pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se realizarán el 17 de junio, la situación con respecto al conflicto armado y social colombiano no presenta signos de solucionarse pronto, por el contrario persiste esta situación en el país.
