“Exigimos una vez más aquí, ante la Comunidad Internacional que el Estado argentino oriente por fin, adecuadamente, su tiempo y recursos para contribuir genuinamente a la aparición con vida de Santiago Maldonado”, pidió la organización argentina Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, sobre el caso del joven artesano de la Patagonia, Santiago Maldonado.
“Santiago fue visto por última vez el 1° de agosto mientras huía de la persecución de la Gendarmería Nacional, en el contexto de un operativo ilegal y violento de esta fuerza de seguridad federal en el territorio de la comunidad mapuche Pu Lof en Chubut (provincia)”, indicó el representante de CELS, Paulo de Tarso Lugon Arantes, frente al máximo órgano en la materia de la ONU, compuesto por 47 Estados elegidos por el voto secreto de la Asamblea General.
“En vez de ponerse a la cabeza de la investigación y colaborar con firmeza con la pesquisa judicial para dar con su paradero, el Poder Ejecutivo Nacional ha negado sistemáticamente toda participación de la Gendarmería. Ha proclamado que la hipótesis de la desaparición forzada es una mera construcción, ha instalado hipótesis falsas y ha maltratado permanentemente a la familia“, subrayó Lugon Arantes.
El 11 de agosto de 2017 la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bulrich, manifestó que Maldonado “no fue detenido por la Gendarmería, como denuncia públicamente su familia y de ninguna manera vamos a aceptar que se plantee que esta es una desaparición forzosa, en la medida que eso es una construcción”, insistió el CELS.
La Convención Internacional en la materia, ratificada por la Argentina, dice que “se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupo de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
Lugon Arantes afirmó que “solo 35 días después, algunas agencias del Estado parecen haber aceptado que el caso debe investigarse bajo el supuesto de desaparición forzada”, un “proceder estatal gravísimo”¦ por la importancia que tienen las primeras horas y días ante una desaparición“.
El pasado mes de julio, el abogado argentino Fernando Kosovsky, presentó ante el mecanismo sobre Derechos de los Pueblos indígenas de este Consejo, que se reconozca el “genocidio estatal contra el Pueblo Mapuche” en Argentina, y solicitó “un protocolo para el debido proceso en reparaciones adecuadas a los pueblos indígenas víctimas de crímenes de lesa humanidad, tortura y desplazamientos forzados“.
