A pesar de que El Salvador goza de una Ley de Prohibición de la Minería Metálica, existe una amenaza oculta de su potencial derogación considerando la nueva correlación de la aritmética legislativa que posee la derecha política salvadoreña, debido a que existen especulaciones de que el partido ARENA busca revertir dicha ley.
Ante tales rumores, la diputada de dicho partido político, Martha Batres, aseguró que mientras ella sea presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, no se discutirá el tema de la minería metálica.
“Se está hablando sobre revertir esta ley, porque existían 30 expedientes vigentes sobre el tema de la minería y que no se habían archivado en la legislatura pasada, por eso la Comisión dictaminó mandar a archivo estos expedientes, ya que en la presidencia que me honro dirigir esta Comisión, no será discutido más el tema y se da por cerrado”, afirmó la parlamentaria.
Sin embargo, para las organizaciones ambientalistas y sociales la decisión de la Asamblea Legislativa de archivar los expedientes sobre minería no es suficiente, porque persiste el riesgo de una reforma o derogación de esta legislación. Por consiguiente, exigen acciones necesarias para acabar de una vez por todas con la amenaza minera en El Salvador, manifestó Vidalina Morales, representante de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES).
“Hemos demandado la presencia de la empresa minera en el departamento de Cabañas, que es una fachada de la compañía Pacific Rim/Oceana Gold, y en reiteradas ocasiones hemos demandado al Ministerio de Gobernación que revise el caso, debido a que esta empresa no puede operar en la zona, porque está violando la ley contra la minería que prohíbe su permanencia en el país”, aseguro Morales.
A consecuencia del riesgo que representa la derogación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, la solución es elevar a rango constitucional la prohibición de la actividad extractivista, considera Rodolfo Calles, representante de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES).
“Lo único que queda en el proceso legal es elevar a rango constitucional la prohibición de la minería y en los tratados internacionales establecer salvaguardas sobre la explotación minera. Con estos dos ordenamientos prácticamente estaríamos blindando la posibilidad de que exista esta actividad extractiva en el país”, comentó Calles.
Aunque la Asamblea Legislativa engavetó los expedientes mineros y se cuenta con una ley que la prohíbe, existe el peligro de la afectación de la contaminación de drenaje ácido sobre el río Lempa ante la potencial reactivación minera en Cerro Blanco en Guatemala. Es un tema diplomático que el gobierno salvadoreño debe atender con urgencia, consideran las organizaciones denunciantes.
