jueves, 12 de mayo del 2022
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Defensoría urge a la Asamblea Legislativa el reformar la Ley del Consumidor

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La propuesta, que analiza el legislativo, incluye 60 modificaciones al articulado, de las cuales 20 son nuevas disposiciones.

El presidente de la Defensoría del Consumidor (DC), Ricardo Salazar, expuso a los diputados de la Asamblea Legislativa la necesidad de hacer 43 reformas y adición de 17 artículos que se plantea hacer a la Ley de Protección al Consumidor.

“Nuestro país está pasando por una crisis de altos precios, no generada por el aparato productivo, pero nos vemos afectados por la crisis de los commodities (bienes básicos), de la cadena de suministros, la pandemia y la crisis inflacionaria”, explicó el funcionario.

Salazar señaló que la institución que dirige está actuando para proteger los derechos de los consumidores y evitar que sus bolsillos sean aún más golpeado por las prácticas abusivas que cometen algunas empresas.

El pliego de reformas que está en estudio incluye una regulación al cobro de los parqueos en los centros comerciales, para eliminar el pago por hora o fracción y que los consumidores cancelen únicamente el tiempo que han permanecido en las instalaciones. También se contempla un periodo gratuito de 30 minutos.

Asimismo, se busca que dichos establecimientos tengan responsabilidad respecto al cuido y resguardo de los vehículos. Actualmente, mchos de estos lugares colocan rótulos que indican que “la empresa no se hace responsable por daños o pérdidas en su vehículo.

Además, se normará sobre las propinas, para que el consumidor esté informado sobre el cobro de las mismas y pueda existir anulación o reducción en caso de haber recibido un mal servicio.

Otra de las modificaciones es fortalecer las competencias de la DC para que puedan efectuar allanamientos en establecimientos comerciales para verificar si existe acaparamiento de productos.

Las reformas también contemplan la regulación de multas y se creará un fondo especial para que lo recaudado de las mismas no se destine al fondo general del Estado, sino que sirva para que se continúe fortaleciendo a la DC.

Además, se adoptará la figura de delegado encubierto, que consiste en que un designado de la DC realice inspecciones en comercios haciéndose pasar por un consumidor común.

También se incluye un apartado especial de comercio electrónico, debido a que, actualmente, la regulación se limita a las páginas web y se deja afuera las redes sociales, que son el lugar en donde más confluyen los negocios en este momento.

“Esto nos permitirá un registro de comerciantes que usan plataformas electrónicas, para identificar proveedores. Hoy en día se está engañando a los consumidores, están estafando a la población. A través del registro lo queremos corregir y prevenir”, aseveró el presidente de la Defensoría del Consumidor.

La diputada de Nuevas Ideas, Aronette Mencía, dijo al respecto que es necesario que este sector cumpla con los estándares establecidos para comercializar sus productos.

“Los productos que se ofrecen en redes sociales son alimenticios y cosméticos, entre otros. Muchos de estos no entran por la vía establecida, pero deben contar con los permisos de salud y de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM)”, aseguró la parlamentaria.

Sobre los servicios financieros, se velará para que no se haga el cobro de interés sobre interés, o intereses sobre comisiones y recargos. También se establecerá un techo de interés moratorio.

En cuanto al sobreendeudamiento, tanto el consumidor como el proveedor podrán solicitar una audiencia con la DC para llegar a un acuerdo que permita que el consumidor pueda honrar sus compromisos haciendo una reestructuración del crédito para que le sea posible pagar.

También se regulará el tema de las garantías, ya que muchos comercios no la están otorgando a sus clientes al momento de adquirir productos.

Sobre las tarjetas de regalo, Salazar manifestó que una de las principales quejas de los consumidores es que no poseen información sobre el monto y caducidad de la misma. Esto cambiará y será de rigor que se coloque la información y que el periodo de duración no sea inferior a un año.

Las enmiendas también permitirán armonizar este cuerpo normativo con la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA).

“Las reformas vienen en un contexto importante, ya que a nivel mundial estamos pasando por una crisis y lo menos que esperan los salvadoreños es que las instituciones trabajemos para darles bienestar”, afirmó la diputada de Nuevas Ideas, Elisa Rosales.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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