La Jueza Especializada de Instrucción “A” decretó, este miércoles, detención domiciliaria en contra del exministro de Defesa, David Munguía Payés, para que enfrente el proceso judicial por el caso denominado tregua entre pandillas.
Además, el general, quien dejó el retiro en 2009 para ascender al grado más alto dentro del Ejército salvadoreño y convertirse en ministro de la Defensa en el Gobierno del presidente Mauricio Funes (2009-2014), deberá pagar una fianza de $10 mil para poder acceder a este beneficio.
Munguía Payés enfrentará los cargos de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.
El personal del Ministerio Público detalló en la audiencia de imposición de medidas, que entre las irregularidades se encuentra la realización de al menos 41 fiestas en los centros penales, en la cuales se destaca un espectáculo de desnudistas.
Los fiscales agregaron que además de esto hubo actividades amenizadas por orquestas, discotecas y comediantes. Entre ellas, hubo 5 días seguidos de fiesta en el penal de Cojutepeque en septiembre 2012.
La acusación también retoma los detalles del anterior proceso penal por la Tregua y explica la entrada de TVs, DVD, Play Station, grabadoras, teatro en casa y otros artículos para los internos de varios penales.
Respecto a eso, el documento cita al entonces presidente Funes en una reunión con empresarios: "El hecho de que algunos medios hayan publicado fotos donde se ve reclusos viendo programas de televisión, forma parte de los programas que establece el mismo régimen penitenciario…"
Según la acusación, en su discurso en ese encuentro, Funes negó que su Gobierno negoció con pandillas, aunque admitió que facilitó la salida de los cabecillas desde Zacatrás a otros penales. Además, estas actividades habrían tenido el aval del exministro.
“Personal de alta confianza de su persona, para informar a los facilitadores de la tregua y entregar los beneficios a favor de las pandillas. Tenemos información que por ser parte del gabinete de Gobierno, como Ministro de Seguridad debía de entrar informes al presidente de la República, quien era Carlos Mauricio Funes Cartagena… Se cuenta con la información que detalla el tipo de ilícito que se encotraba en los centros penales”, indicó el fiscal del caso.
Por su parte, Manuel Chacón, defensor de Munguía Payes, indicó que el exministro no sabía que se introducían ilícitos a los centros penales por lo que se limitaba a facilitar la tregua.
“Este caso es una continuación como el caso denominado como la Tregua, la imputación que están haciendo parece estar fuera de contexto ¿Cómo se imagina usted que un ministro de Seguridad va a estar informado de todo lo que pasa en los centros penales? Para eso existe un director de centros penales, tengo información donde ni siquiera en las novedades de los centros penales aparecen en tipos de eventos, mucho menos va a estar autorizando. Lo acusan por la única razón que era el ministro de Seguridad en ese momento, me parece inaudito que se atribuya todo a un funcionario solo porque tenía el cargo”, reprochó Chacón.
Entre 2012 y 2014, las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias mantuvieron un pacto de no agresión que, de acuerdo con datos del Gobierno, redujo los homicidios sensiblemente.
El proceso fue apoyado en su momento por la Organización de los Estados Americanos (OEA), además destacó la baja en la violencia por el supuesto acuerdo de las pandillas llamó la atención de todo mundo, pero detrás estaba, según las acusaciones de la Fiscalía, un acuerdo con el Gobierno.
Esto supuestamente incluía beneficios carcelarios para los líderes presos, inversión pública en las comunidades bajo el control de estas bandas y una menor presencia de las fuerzas de seguridad en estos sitios.
Funes, también acusado en esta ocasión y que enfrentará los mismos cargos que Munguía Payés, a los que se suman los varios procesos penales que ya tiene, dijo que su Gobierno únicamente era un acompañante de la iniciativa.
Esta versión cambió tiempo después con sendos juicios contra los supuestos operadores de la tregua, entre ellos funcionarios, civiles y empleados gubernamentales.
La tregua finalmente se rompió por la decisión unilateral del Barrio 18, de acuerdo con Funes, quien anunció el fracaso del pacto en abril de 2014.
Tres presidentes han gobernado a El Salvador y tres fiscales diferentes tomaron las riendas del Ministerio Público antes de que Munguía Payés fuera llevado a los tribunales.
En noviembre de 2011, Funes sacó a Munguía Payés del Ministerio de la Defensa y lo colocó en el Ministerio de Seguridad, pese a las críticas por militarizar la seguridad pública.
El Salvador cerró el 2010 y 2011 con 65 y 70 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero en los siguientes dos años esas cifras cayeron a 40 y 41, respectivamente. Una baja atribuida a la tregua.
En noviembre de 2013, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el nombramiento de Munguía Payés en el Ministerio de Seguridad por su origen militar.
Funes devolvió, entonces, al general al Ministerio de la Defensa y se quedó ahí hasta el final de su mandato en junio de 2014. Ese mismo año, el sucesor de Funes, el excomandate guerrillero Salvador Sánchez Cerén, lo reenganchó por 5 años más.
Munguía Payés gobernó al Ejército contra viento y marea, cayeron cabezas de ministros de Seguridad y directores de la Policía Nacional Civil (PNC), pero el militar no vio peligrar su puesto.
Tras el fracaso de la tregua, las cifras de homicidios se duplicaron en 2014: llegaron a 103 por cada 100.000 habitantes en 2015 y a 81 en 2016. Estos fueron los dos años más violentos en la historia reciente del país centroamericano.
Entre las polémicas que rodearon al jefe militar se encuentran la negativa de entregar archivos relacionados con crímenes de guerra y de lesa humanidad atribuidos al Ejército entre 1980 y 1992, esto pese a que gobernaba la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
También manifestó su deseo de declararse en "rebeldía" ante una orden del Supremo de transparentar las compras del Ejército, defendió a jefes castrenses acusados de pertenecer a un grupo de exterminio, montó un fuerte dispositivo en el Congreso, con vehículos artillados y helicópteros, un día que llegó a rendir cuentas y no permitió una inspección del Ministerio Público en un caso de tráfico de armas.
Una explicación para su nombramiento inamovible podría ser el temor que tuvo la exguerrilla del FMLN a una "ruptura" con la Fuerza Armada y a un "golpe de Estado".
Munguía Payés fue enviado nuevamente al retiro, junto a varios de sus subalternos de alto rango, con la llegada al Ejecutivo de Nayib Bukele en junio de 2019.
El expresidente Funes negó, tras declarar en la Fiscalía en 2016, que su Gobierno haya dado prebendas a líderes de pandillas encarcelados a cambio de una disminución de los homicidios y dijo que el papel de su Ejecutivo fue el de acompañante del proceso.
"No hubo una negociación entre el Gobierno y las pandillas, el pacto fue entre dos pandillas rivales; el Gobierno lo único que le dio fue seguimiento a este acuerdo a través de los mediadores", aseguró.
En mayo de ese mismo año, el Ministerio Público ordenó la detención de una veintena de personas, incluido el principal mediador de la tregua, Raúl Mijango, exdiputado de izquierda.
Estas personas enfrentaron en agosto de 2017 un primer juicio, en el que algunos involucrados comenzaron a señalar que la tregua fue una iniciativa gubernamental.
El exobispo castrense de El Salvador y exmediador de la tregua, Fabio Colindres, declaró en dicho juicio que el armisticio se dio por "invitación" del Gobierno y no por iniciativa de las pandillas o de la sociedad civil.
En ese mismo juicio, Munguía Payés, quien repetía la versión dada por Funes, cambió su historia y dijo que la tregua fue una política de gobierno de "pacificación".
Al ser preguntado por los fiscales sobre la instancia del Gobierno en la que "fue creado el proceso de pacificación" o tregua el militar sostuvo que "inició en el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el Gabinete de Seguridad".
Dicho juicio, en el que todos los procesados fueron absueltos, se anuló y debió repetirse en 2019 y únicamente siete personas recibieron condenas leves.
