La Defensoría del Consumidor expresó este miércoles ante la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa su apoyo a la propuesta de reforma al artículo 30 de la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas.
La iniciativa de reforma presentada por el grupo parlamentario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), establece que la cuantía de las sanciones sea impuesta de acuerdo a los parámetros de capacidad económica del infractor, gravedad de la infracción y el daño causado.
La Defensoría considera que el establecimiento de montos mínimos y máximos de las multas en consideración a los referidos parámetros, atiende criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
En correspondencia con la cuantía máxima de la sanción dispuesta en la Ley de Protección al Consumidor para infracciones de similar gravedad, la Defensoría ha sometido a consideración de la Comisión Financiera que se revisen los montos de algunas multas máximas para infracciones graves en casos de afectación colectiva; y, la multa mínima y máxima en caso de afectación individual para infracciones muy graves, cometidas por empresa grande.
La reforma analizada por la comisión Financiera de la Asamblea Legislativa, apuesta a superar la inconstitucionalidad del art. 30 de la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre Historial de Crédito de las Personas, relacionada con las sanciones que impone la ley a los infractores de la misma, emitida a principios del año por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
