La Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) tuvo que responder en la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa, sobre la denuncias de aumento de los límites de las tarjetas de crédito sin consultarle al usuario, además de seguir cobrando membresía.
El interrogatorio fue liderado por la parlamentaria oficialista, Dania González, quien le entregó un documento al asesor jurídico de Abansa, Mariano Guzmán, quien llegó en representación del presidente de la institución, Raúl Cardenal DeBayle.
“Tengo un requerimiento, se lo voy a entregar al representante de Abansa por las denuncias de la población de que los bancos están incrementando el límite de las tarjetas de crédito”, dijo González.
La parlamentaria recordó, que esta práctica está prohibida desde la reforma a la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito, aprobada en diciembre de 2021 y que inicia su vigencia el 20 de julio de 2022. Al igual que el cobro de membresías a tarjetas de crédito con un límite igual o inferior a los US$2,000.
El decreto de reforma fue publicado el 12 de enero de 2022 en el Diario Oficial y estableció un plazo de 180 días contados desde su vigencia, para que los entes obligados realicen las adecuaciones y hagan las “adendas a los contratos originalmente suscritos con los tarjetahabientes”.
“La población está muy preocupada que muchas instituciones, los bancos han estado haciendo aumentos al límite de las tarjetas de crédito de forma indiscriminada o automática, sin previa solicitud del cliente y coincidentemente para superar los US$2,000 para efectos de estar en el umbral permitido para cobrar la membresía. Consideramos que se está vulnerando lo relativo a la contratación indiscriminada”, detalló.
El asesor jurídico de Abansa dijo que dan seguimiento a los cambios y procesos operativos para la vigencia de la reforma pero desligó a la Asociación de los productos en los bancos.
“Nosotros en Abansa no vemos productos, no vemos negocios. Somos representantes, prácticamente, de los bancos en materia técnica y hasta ahí nos limitamos. Yo no tengo información sobre esa práctica. No puedo responderle a eso”, sostuvo el asesor.
Sobre esa respuesta, la diputada oficialista valoró que Abansa no es vinculante y no le brinda información para la discusión.
“Me da un aire, una información de que entonces es más favorable tener a los representantes o los titulares de cada institución bancaria sentados en la mesa para que me puedan dar la información pertinente”, dijo González.
El asesor jurídico de Abansa le reiteró que no ven la parte de negocios y que legalmente tienen limitaciones por la Ley de Competencia.
Por su parte, el legislador cian, William Soriano, advirtió que “no estamos jugando en esta comisión. Le hemos abierto las puertas a Abansa para trabajar de la mejor manera. La banca tiene que acatar las indicaciones que se establecen en las leyes porque son para protección del consumidor”.
Después, la diputada González entregó al asesor una correspondencia dirigida al presidente de Abansa requiriendo un informe, en un plazo de cinco días hábiles, sobre las instituciones que Abansa aglutina, el universo de tarjetas a las que se incrementó el límite de crédito, las solicitudes de migración a mejor categoría y cuántas tarjetas de crédito se benefician con la prohibición del cobro de membresía.