La Comisión Política de la Asamblea Legislativa, sesionó este lunes para recibir un informe que se convertirá en insumo para el análisis de la Ley de Reconciliación Nacional y Justicia Restaurativa a estudiar en el mes de enero próximo.Se trata de un informe comparativo de los proyectos de ley en revisión por la Comisión Ad Hoc que estudia la de Reconciliación Nacional y Asistencia a Víctimas.
En la primera semana de diciembre y a iniciativa del presidente de la Asamblea, Mario Ponce, la Comisión Política acordó crear un equipo técnico que trabaje un documento único en el que se condensen los puntos de coincidencia y diferencias entre los dos proyectos existentes sobre reconciliación nacional; la decisión surge tras conocer de forma oficial la ampliación del plazo que otorgó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para legislar al respecto, es decir antes del 28 de febrero del 2020.
Se espera que este mecanismo permita configurar una matriz comparativa de los dos proyectos -uno deviene de la Mesa contra la Impunidad, Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y Comisión de Trabajo de Derechos Humanos Pro Memoria Histórica, propuesta a la cual le dio iniciativa de ley el diputado Juan José Martel de Cambio Democrático (CD), y tiene el respaldado del FMLN; y la otra propuesta fue respaldada por los grupos parlamentarios ARENA, PCN y PDC. Con ello, se creará un solo documento que deberá ser presentado a los diputados antes del 23 de diciembre (tal como se hizo), para ir buscando acercamientos, según se acordó en la mesa legislativa.
Los diputados están obligados por decisión del tribunal constitucional, a crear una ley que cumpla con los cuatro parámetros establecidos por los magistrados.
En el 2016, la Sala de lo Constitucional sentenció que la Ley General de Amnistía de 1993 violaba preceptos de la Carta Magna y ordenó a los diputados que tenían que aprobar una normativa apegada a la verdad, a la justicia, a la reconciliación y al compromiso de no repetición de crímenes de lesa humanidad.
La Ley de Reconciliación Nacional del 23 de enero de 1992 contempla que no gozarán de amnistías “las personas que, según el informe de la Comisión de la Verdad, hubieren participado en graves hechos de violencia ocurridos desde el 1° de enero de 1980…”.
Esta disposición, sin embargo, fue derogada con la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada el 20 de marzo de 1993 –5 días después de haberse conocido el informe de la Comisión de la Verdad–, negando lo pactado expresamente en los mencionados Acuerdos.
Pero al haber la Sala declarado inconstitucional la ley de amnistía de 1993, restableció la vigencia de la Ley de Reconciliación Nacional.
Lo cierto es que para la Asamblea ha comenzado la cuenta regresiva para aprobar la ley, porque la Sala fue clara cuando le otorgó una nueva prórroga. “Estos acuerdos requieren imperiosamente de consultas, debates públicos profundos desde un punto de vista político y técnico”.
La Sala de lo Constitucional hasta el momento, no ha efectuado ningún examen o valoración sobre el contenido de los proyectos de ley remitidos por la Asamblea Legislativa.
Ponce negó en su oportunidad que se esté tramando aprobar una ley sin consultar a las víctimas del conflicto armado interno que vivió el país (1980-1992); y por el contrario, aseguró que habrá participación de las organizaciones sociales y de derechos humanos, para que haya transparencia en el proceso de aprobación de la normativa.
El 9 de octubre, la subcomisión política recibió un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre las observaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 3 de septiembre de este año, en el marco de las medidas urgentes y supervisión del cumplimiento de la sentencia por la masacre de El Mozote y lugares aledaños.
Dicha matanza, fue cometida contra la población civil por el batallón Atlacatl (formado por la CIA en la Escuela de las Américas, en Panamá) de la Fuerza Armada, durante un operativo de contrainsurgencia, realizado los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981, en los cantones (aldeas) de El Mozote, La Joya y Los Toriles, en el norte del departamento de Morazán.
1,725 personas fueron asesinadas durante la acción ejecutada por el batallón élite de la Fuerza Armada, el 54.5% eran menores de edad; de entre cero y 12 años de edad, que sumaron 475, mientras que los muertos entre 13 y 17 años alcanzaron la cifra de 64.
El 28 de mayo el Laboratorio de Investigación y Acción Social Contra la Impunidad presentó un escrito ante la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el que pidieron una prórroga para la aprobación de una nueva ley de reconciliación.
El 5 de septiembre, presentaron un escrito a la Secretaría de la Sala de lo Constitucional, para que la Asamblea diera detalles de las consultas de campo que efectuaba a las víctimas de la guerra (1979-1992). Hasta la fecha, el tribunal constitucional no se ha pronunciado.
