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Cuba: 66,8% a favor de reforma a nuevo Código de las Familias

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66,8% de cubanos aprobaron referéndum para nuevo Código de Familia. Protege a personas mayores, con discapacidad y matrimonio igualitario

Agencia de Noticias Sputnik


La Habana, 26 sep (Sputnik).- El 66,87 por ciento de los cubanos votó el domingo a favor del nuevo Código de las Familias, que se convirtió en la primera ley de este tipo en el mudo que se aprueba después de una consulta popular, informó este lunes el Gobierno de la isla.

“Referendo Popular Código de las Familias: SÍ: 3.936.790 (66,87%). NO: 1.950.090 (33,13%). Padrón electoral: 8.425.147. Cantidad de personas que votaron: 6.251.786 (74,01%)”, precisa una información ofrecida por la Presidencia de Cuba en su cuenta en Twitter.

Más de ocho millones de cubanos concurrieron a las urnas el domingo para refrendar su decisión respecto a la nueva legislación, resultado de un largo proceso de participación ciudadana iniciado en 2019, después de la aprobación de la nueva Constitución de la isla.

Del 1 de febrero al 30 de abril de este año se llevó a cabo una amplia consulta popular donde participaron más de seis millones de cubanos, en la que se recabaron propuestas, modificaciones e innovaciones de parte de los electores.

Después de la consulta y tomando en cuenta las observaciones, en su versión 25, fue modificado el 47,93 por ciento del texto general y 49,15 por ciento del total de sus artículos, siendo luego aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) en julio pasado, pasando a ser sometido a referéndum.

Este referéndum es el primero que se realiza en la historia de Cuba, pues hasta ahora solo se habían llevado a cabo consultas populares constitucionales.

Entre las novedades de la nueva ley está la ruptura con los cánones de la familia tradicional, como establece la cultura patriarcal, la amplificación del concepto familiar, el reconocimiento de los derechos de cada uno de sus integrantes, el respeto a la libre elección en los modelos de convivencia, y sobre todo el protagonismo de los niños a la hora de refrendar sus derechos.

De acuerdo a sus impulsores, protege a los menores, la juventud, los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad; no impone modelos, sino que refleja a la sociedad actual y la diversidad que ampara no es otra que la existente al interior de las familias cubanas.

Entre los temas que generaron mayor número de propuestas durante la consulta popular están el matrimonio, incluido el igualitario; la responsabilidad parental, la adopción, la gestación solidaria, la autonomía progresiva, el orden de los apellidos, la discriminación y violencia en el ámbito familiar, así como la filiación asistida.

También incluye la posibilidad de tener más de dos vínculos filiatorios, ya sea por causas originarias o por causas sobrevenidas, y en ambos casos este vínculo queda legalmente conformado con independencia del lazo biológico o el componente genético de las personas implicadas.

A su vez, la multiparentalidad es reconocida judicialmente y en el caso de las asociadas a la socio-afectividad, se tomarán en cuenta todos los factores y circunstancias pertinentes y puede disponerse o no el reconocimiento de la filiación a favor de quienes lo han solicitado sin que ello conduzca al desplazamiento de las filiaciones ya establecidas.

Por otra parte, la nueva ley define como rol el educar a sus hijos para el desarrollo en sociedad, para que tomen sus propias decisiones, y en este sentido se incluye el término “responsabilidad parental” en reemplazo de la antigua concepción de patria potestad.

Se establecen además cambios en el ámbito de la filiación adoptiva, siendo el principal de estos sobre quién puede solicitar la adopción, y el nuevo proyecto prevé que un niño o niña puede ser adoptado por una o dos personas ya estén casadas o en una relación de hecho afectiva, instrumentada e inscripta.

De igual forma, al ser posible el matrimonio entre personas del mismo género, se extiende el derecho de adopción a estos.

El Código entrará en vigor una vez sea ratificado en el referéndum popular a que se somete por mandato constitucional, según lo que establece la ley 156/2022, aprobada el pasado 17 de agosto.

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