El expresidente salvadoreño, Elías Antonio Saca fue condenando a 10 años de cárcel y a devolver más de $260 millones de dólares de los $301 millones que se le imputan junto a sus seis excolaboradores quienes también deberán purgar prisión y devolver porcentajes de lo robado.
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Conozca cuatro puntos claves en la condena que le ayudarán a entender el fallo que envió a prisión al primer expresidente salvadoreño por corrupto en la era democrática de El Salvador.
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1. Los $260 millones de Saca
El Tribunal Segundo de Sentencia determinó que Saca deberá responder en un proceso civil para devolver $260 millones que fueron robados de fondos públicos y desviados a sus cuentas bancarias personales y de sus sociedades, con ayuda de testaferros.
La defensa del exmandatario dijo ayer, durante la sentencia, que buscarán apelar a la cantidad, la cual dicen, es menor.
“Esa cantidad por la que se le está condenando, es el presupuesto total de lo que ingresó a Casa Presidencial. Hay pericia de la Fiscalía que no terminaron de realizar. Hay versiones de testigos como el jefe del Batallón Presidencial que afirma que el dinero era para el pago de la institución, para los sobresueldos tan cuestionados, para el Organismo de Inteligencia. No estoy negando que hubo deslealtad de parte de mi cliente en la administración, pero no en esas cantidades”, dijo Mario Machado, uno de los defensores del exmandatario.
2. Proceso abreviado
El fiscal general, Douglas Meléndez, explicó este jueves que la Fiscalía pactó un proceso abreviado y reducción de pena con seis de los siete acusados, con el fin de evitar que el caso se cayera y fuesen puestos en libertad, debido a que en octubre próximo, estaban por cumplir dos años de prisión provisional y la legislación salvadoreña ordena la libertad de quienes estén apresados más de dos años en medio de un proceso abierto.
Meléndez explicó que debido a la complejidad del caso, el alto número de testigos y los miles de documentos de prueba, obligarían a que el caso estuviese en investigación hasta finales de este año o principios del otro, por lo que decidieron abreviar el proceso y conseguir las condenas.
"En otros países como Costa Rica, Argentina, Brasil, Guatemala, han procesado a altos funcionarios con condenas, en algunos casos, de 5 años, y aún no están en firme. Ese tipo de impase, se evita con un procedimiento abreviado, pues el imputado confiesa haber cometido el delito", explicó Meléndez en la entrevista matutina de canal 21.
Negó además que se les beneficie con más reducción de la pena puesto que los delitos que cometieron son graves. Es decir, del total de años sentenciados, se les descontará únicamente el año y meses que han estado en prisión provisional.
3. Condenas y devoluciones
Para Elías Antonio Saca y Elmer Charlaix Urquilla, diez años de cárcel; Francisco Rodríguez Arteaga, seis años; Jorge Herrera, tres años mientras que para Julio Rank y Cesar Funes Durán, cinco años.
Por su parte, Pablo Gómez, un asistente contable vinculado al caso, no se sometió al proceso abreviado y obtuvo una condena de 16 años de cárcel.
Las penas impuestas son las que los condenados pactaron con la Fiscalía General de la República (FGR) a cambio de la confesión y un proceso judicial breve con penas mínimas. Los imputados también fueron condenados por responsabilidad civil y estas serán las cifras que deberán devolver:
La Fiscalía afirmó que harán valúos de las propiedades y bienes de los culpables para analizar las formas en las que devolverán el dinero al Estado. Además, recordó que hay un proceso abierto de extinción de dominios.
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4. ¿Por qué a Saca 10 años y a un empleado de CAPRES 16 años?
Meléndez explicó que todos, excepto el asistente contable de Casa Presidencial, Pablo Gómez, se sometieron al proceso abreviado a cambio de la confesión. El fiscal general dijo que Gómez se negó a confesar y colaborar con la Fiscalía, asesorado por abogados presuntamente de CAPRES quienes le recomendaron no hacerlo, por lo que se le dio la pena máxima de 16 años de cárcel.
"En el caso de Pablo Gómez, condenado a 16 años, fue asesorado por sus abogados para que no se sometiera al procedimiento abreviado. Eso no es responsabilidad de la Fiscalía. Esta persona puede apelar esa sentencia. Los demás no pueden ya", detalló Meléndez.
Afirmó además que, los que movían los fondos, se aprovecharon también y se les comprobó que tenían responsabilidad en el manejo de las cuentas.
La Fiscalía se mostró satisfecha por la “histórica” condena obtenida, y manifestó que las investigaciones siguen para dar con el paradero de los fondos y de terceras personas naturales o jurídicas que se hayan beneficiado de los mismos.
Declaraciones de Fiscalía tras la sentencia. Cortesía/FGR
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