En varias ocasiones me he referido a la problemática del aborto, no porque sea uno de mis temas preferidos, sino porque considero que es una necesidad urgente garantizar el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas, no solamente en mi país –Guatemala- sino también en otros países, sobre todo de la región de América Latina y El Caribe; y particularmente de Centroamérica, donde en los últimos años, este derecho ha sido altamente restringido. Incluso algunos países prohíben el acceso a métodos anticonceptivos de emergencia, por considerarlos “abortivos”. Nada más lejos de la realidad. Sin embargo, sigo creyendo que existe una gran cantidad de analfabetas sexuales en nuestros países, porque nunca se ha garantizado tampoco el acceso a una educación integral que nos permita obtener el conocimiento científico y adecuado sobre sexualidad.
Mientras continúo escribiendo estas líneas, miles de mujeres en Centroamérica están muriendo por realizarse abortos en condiciones de riesgo y en la clandestinidad, por no tener el acceso a servicios de aborto legal y seguro. Parece que aún no ha quedado claro que prohibir el aborto nunca ha logrado evitar que se siga practicando, como tampoco es cierto que, si el aborto se despenaliza o legaliza, al otro día todas las mujeres vamos a salir corriendo a abortar. Nada más ridículo que eso; y sin embargo, ese es el discurso de muchos de los grupos anti-derechos que ahora están difundiendo por todas partes sus magníficas ideas retrógradas sobre nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos.
Anteriormente, escribí un texto donde hacía referencia al caso particular de El Salvador, donde existen altas restricciones para que las mujeres puedan acceder a servicios de aborto seguro. La Asamblea Legislativa en 1998 eliminó las tres causales en las que el aborto era permitido en ese país, negando así la posibilidad a las mujeres de poder interrumpir un embarazo, sea por la razón que sea, incluyendo la violencia sexual o inviabilidad fetal. Esto ha tenido resultados horrorosos, como fue el caso de Beatriz, a quien el Estado salvadoreño puso en peligro como resultado de su embarazo, obligándola a llevar adelante todo el proceso de gestación y a parir un niño que murió horas después. Además, están los casos de todas las mujeres que han ido a prisión debido a la penalización del aborto: el caso de Evelyn y Teodora son bastante ilustrativos.
Desde hace tiempo, diversas organizaciones de mujeres y feministas salvadoreñas han estado luchando por exigir al Estado la despenalización del aborto en cuatro causales: cuando la vida y la salud de la mujer corran peligro; cuando el embarazo sea fruto de violación sexual o trata de personas; cuando exista una malformación del feto que haga inviable la vida fuera del útero; en casos de violación contra menores de edad o estupro (relaciones sexuales de adultos con menores de edad).
En este momento queda en manos de la actual Asamblea Legislativa de El Salvador el despenalizar el aborto en esas 4 causales. Personalmente, creo que sería la mejor herencia que podrían dejarle a las niñas y mujeres salvadoreñas: una legislación a favor de sus derechos humanos y, sobre todo, a favor de su vida.
