Por Iosu Perales
Lesther Alemán, estudiante de 24 años, ignoraba que sus guardianes de la cárcel de El Nuevo Chipote, en Nicaragua, lo conducían hasta una sala donde le esperaba la jueza Nadia Camila Tardencilla y una fiscal, para juzgarlo y condenarlo a 15 años de prisión. Sin asistencia previa de abogado, ni garantías procesales, iba a ser juzgado no en sede de tribunales como manda la ley del país, sino en la misma cárcel donde ya lleva más de 200 días.
Unas horas antes, la ex ministra de salud sandinista (1978-1990) y legendaria guerrillera, Dora María Téllez, de 66 años, había recorrido los mismos pasillos para llegar a la misma sala donde le esperaba el juez Ángel Jancarlos Fernández y 15 años de cárcel por “menoscabo de la integridad nacional y conspiración”.
Cuando Lesther Alemán quiso tomar la palabra que la ley le concede, la fiscal entre gritos ordenó a la jueza: “¡Cállelo, aunque sea su derecho, no le permita hablar!”, lo que la jueza acató, ordenando al joven guardar silencio. No obstante, en medio de un cierto caos, Lesther Alemán pudo gritar ¡Soy inocente!
Se espera que hasta el 24 de febrero se sucederán los juicios que la presidenta del Centro Nicaragüense de Derecho Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, de 83 años, ha calificado de farsa, en una declaración hecha por audio desde un lugar clandestino. Son 40 personas las que se sentaran en el banquillo, muchas de ellas con trayectorias impolutas como militantes del Frente Sandinista y que un día decidieron criticar la autocracia de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero ya antes, más de 100 han sido procesadas con cargos absurdos como tenencia de drogas, lavado de dinero y acciones terroristas, en juicios sin garantías.
Las detenciones que aún no han terminado. se iniciaron en las jornadas de abril de 2018, con las plazas y avenidas repletas de manifestantes exigiendo libertad. Se saldaron con más de 300 muertos e innumerables personas heridas, la inmensa mayoría víctimas de las balas de policías y milicianos reclutados por el régimen. Pocas semanas después tuvo lugar el llamado Diálogo Nacional, convocado por el Gobierno. En esa reunión, Lesther Alemán se hizo célebre. Tenía entonces 21 años. Tomó la palabra y se dirigió a Daniel Ortega, reprendiéndole. Le acusó de ser responsable de la matanza y le conminó a rendirse. El presidente soportó con el rictus contenido, perplejo, al igual que su esposa vicepresidenta con cada demudada. Pero la venganza se sirve en plato frío y en julio de 2021 el líder estudiantil y vocero de Alianza Ciudadana, era por fin detenido. Ahora ha sido juzgado tras sobrevivir 200 días en condiciones insalubres, sin apenas contacto familiar y sin asistencia letrada.
Dora María Téllez, es una celebridad. García Márquez recreó su figura en un libro que cuenta cómo se hizo el asalto sandinista al Palacio Nacional en agosto de 1978, logrando la libertad de las y los presos políticos encarcelados por el dictador Somoza. Dejó su partido, el FSLN, en 1995, cuando el escritor y ex vicepresidente Sergio Ramírez creó el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS). Hoy este partido se llama UNAMOS. Se presentó en precario en las primeras elecciones que pudo hacerlo en 1995 y obtuvo tan sólo el 1% de los votos. En 2006, una alianza encabezada por el MRS logró el 8%, un resultado todavía modesto, pero suficiente para preocupar a Daniel Ortega que ilegalizó al partido para salir de dudas e impedir su crecimiento.
Fue detenida en junio de 2001, junto a la activista de derechos humanos Ana Vijil, también condenada en estos días y que permanece a la espera de la sentencia que fije la cuantía de años de cárcel que le esperan. Dora María Téllez es una de las figuras políticas más destacadas de entre quienes se sentarán en el banquillo de acusados. Sin garantías procesales, la veterana dirigente sandinista es mal tratada sistemáticamente, tal vez como castigo al haber sido la primera en rebelarse a la autoridad de Daniel Ortega. Sus familiares aseguran que ha sido torturada desde que está presa y su régimen carcelario es especialmente duro, sin respeto a las garantías constitucionales.
Otros nombres conocidos son Víctor Hugo Tinoco, ex embajador en Naciones Unidas, el general en retiro Hugo Torres, Cristiana Chamorro, Suyén Barahona y hasta 16 candidatos a los que se les impidió presentarse a las elecciones del pasado 7 de noviembre. Por cierto, el general Hugo Torres dirigió el asalto sandinista a la casa del ministro de Somoza, Chema Castillo, en diciembre de 1974, con lo que se logró la liberación de Daniel Ortega que estaba preso.
Este es un macro juicio político en el que abundan militantes de la izquierda y en menor medida de la derecha opositora, si bien también hay tres dirigentes empresariales presos, de la directiva del COSEP. Pero quienes detienen y encarcelan se llaman a sí mismos de izquierda y hasta revolucionarios. ¿Cuáles son las claves para saber quién es quién? Las claves están en los hechos, no en las palabras.
Aunque la pluralidad sea un valor que ya existe en la izquierda de cualquier parte del mundo, es evidente que cuando hay carceleros y encarcelados, esa pluralidad no es cierta. No es posible la convivencia entre quienes matan y quienes son asesinados; entre quienes sufren la ilegalización de decenas de organizaciones sociales y de ONG dedicadas a la solidaridad y a la cooperación para el desarrollo (OXFAM internacional, Diakonía, Intermón, entre las extranjeras, y otras 70 nacionales, varias de ellas de Mujeres). No puede haber pluralidad entre quienes ilegalizan partidos y alianzas para que no puedan presentarse a las elecciones y quienes son víctimas de semejante medida.
Por eso, la izquierda de cualquier lugar del mundo, y más todavía de América Latina, debe definirse, con la mayor energía por el fin de la represión. La izquierda debe saber también de las políticas neoliberales del régimen Ortega-Murillo. Basta con estudiar sus políticas fiscales, económicas, medioambientales, de recursos naturales… a lo que se une políticas de género netamente patriarcales. El neoliberalismo del régimen ha recibido felicitaciones del FMI por su obediencia a la institución.
Hoy no hay en Nicaragua ningún periódico en letra impresa. La Prensa y Nuevo Diario tuvieron que cerrar al cortar el Gobierno el suministro de papel y tintas. Con los canales de televisión en manos de la familia Ortega-Murillo, los diarios digitales 100% Noticias y El Confidencial, resisten. Todo el cuadro represivo se justifica como respuesta a una agresión imperialista, pero independientemente de que Estados Unidos conspire siempre para mantener el control de su “patio trasero” que es como califica a Centroamérica, la actual crisis deriva de un poder autocrático que está sitiando Nicaragua. Un sitio que asfixia tanto que está provocando oleadas de migración, de salidas del país, rumbo a países vecinos, a Europa y a los Estados Unidos.
El drama es que sectores de la izquierda son incapaces de entender que se puede estar en contra de la injerencia externa y de la represión interna, y creen que hay que elegir entre los dos males. Es un error que habrá que explicar ante la historia que antes o después exigirá cuentas. Quienes sufren la represión en otros países debieran ser más sensibles ante lo que viven sectores críticos perseguidos en Nicaragua. La izquierda debe ser sinónimo de libertad no de oscurantismo. La izquierda no debe aceptar que un bulo, por lo demás insostenible, se instale en sus discursos. Me refiero a la calificación de las jornadas de abril de 2018 como golpe de Estado. Todo el poder concentrado en manos de Ortega ¿fue víctima de un intento de golpe protagonizado por una ciudadanía sin ningún poder? ¿Quién puede creer semejante mentira?
A los presos políticos se les imputa “menoscabo de la integridad nacional y conspiración”. ¿Cuáles son las pruebas? Es una acusación difusa que sirve para manosear los procesos judiciales.
Ya para embarrar más el tablero de juego se les añade la imputación de blanqueo de dinero que es algo que molesta mucho, con razón, a la ciudadanía. No hay pruebas, pero no hace falta. Cuando no hay garantismo procesal y el escenario de los juicios es un espacio de arbitrariedad donde no se contrastan y se prueban los hechos, sino que se cumple la decisión del régimen Ortega-Murillo, ¿para qué hace falta demostrar nada? La venganza se viste con toga negra.
Llamo la atención recordando que hay dos izquierdas en este asunto. La representada por Gabriel Boric, presidente de Chile, que ha afirmado que lo que ocurre en Nicaragua es vergonzoso, siguiendo el camino de José Pepe Mújica, y la de los que todavía siguen atados a claves geopolíticas obsoletas. Pero incluso, quienes forman parte de esta última izquierda ni deben ni pueden moralmente dar la espalda al sufrimiento de quienes sufren la ira de dos personajes que pasaran a la historia como lo hizo el matrimonio Ceaușescu.
