La Corte Suprema de Justicia (CSJ) entregó este miércoles en audiencia con el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) parte de la información solicitada por la ciudadana Fabiola Fernández, quien apeló al Instituto luego de CSJ le informara que no tenía completa la información requerida.
La ciudadana solicitó conocer los criterios de la sección de Probidad de la CSJ para investigar los casos de enriquecimiento ilícito; los criterios de los nombramientos de magistrados de la CSJ que supervisan el trabajo de Probidad y el alcance de sus funciones y los funcionarios investigados actualmente por Probidad. Esta última información no fue entregada a la solicitante.
Cristian Quinteros, abogado de la apelante, expresó que no estaban satisfechos con la información recibida por considerarla incompleta.
La Corte entregó los criterios que utiliza Probidad en sus investigaciones de enriquecimiento ilícito, sin embargo Quinteros señaló que que dichos criterios fueron establecidos por la CSJ hasta el 12 de mayo de este año, y no corresponden a la fecha que especificó la solicitante que es hasta antes del 1 de marzo.
El abogado de la ciudadana dijo que son "muchos casos los que actualmente se han acumulado para ser investigados por Probidad", y cuestionó por qué con tantos casos no se tenía un criterio para determinar su investigación.
“Era fundamental contar con criterios para comenzar a depurar casos prioritarios y determinar cuáles y cuántos de esos miles de caso que pueden haber, serían los primeros en examinarse. ¿Qué criterios o bases se tomaron en ese momento para elegir qué casos serían los primeros en investigar?”, cuestionó Quinteros.
Ante esto, el oficial de Información de la CSJ, Luis Avelar, argumentó que no han cometido ninguna ilegalidad y se amparó en el artículo 240 de la Constitución y en la Ley de Enriquecimiento Ilícito.
“La Corte tomó estos criterios en mayo de este año. Pero quiero aclarar que estos criterios son para facilitar y agilizar las acciones que hacen Probidad y la CSJ (“¦) por lo que el accionar de Probidad y la CSJ ha sido legal y legítimo”, expresó Avelar.
La CSJ además entregó los criterios de elección de los magistrados que supervisan la labor de Probidad y los alcances de sus funciones en dicha tarea.
Por otro lado, con respecto al listado de funcionarios y exfuncionarios investigados actualmente por Probidad, el abogado de la ciudadana señaló una contradicción en este punto ya que con notas periodísticas demostró que Probidad estaba investigando las declaraciones patrimoniales de 29 funcionarios, sin embargo también demostró que posteriormente la magistrada de ese Órgano, Dafne Sánchez, aseguró que no existía un listado de investigados.
Sobre el listado de funcionarios investigados por Probidad, el IAIP determinó que la CSJ tiene 10 días hábiles a partir del 26 de mayo para entregar dicho listado a la ciudadana solicitante.
En la audiencia, la CSJ presentó una recusación solicitando que el comisionado del IAIP, Jaime Campos no formara parte del proceso pues aseguraban que adelantó criterios del caso en una entrevista de televisión, sin embargo la recusación fue denegada pues no se señaló la falta cometida.
Sobre este caso Sigfrido Reyes, director del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa) aplaudió las gestiones del IAIP en este proceso. "Por lo que hemos conocido por distintos medios, en la CSJ y en Probidad se han dado violaciones a las leyes, atropelleos y persecuciones de orden político orquestadas por dos o tres magistrados que al margen de la CSJ se han tomado la ley e sus manos para agendas personales", dijo Reyes.
El expresidente de la Asamblea Legislativa también invitó a la Fiscalía General de la República para que indague lo que denomina violaciones al Código Penal.
