El vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Carbonnier y la directora de operaciones para las Américas del CICR, Sophie Orr, urgieron a El Salvador a implementar la ley para víctimas de desplazamiento forzado.
Ambos funcionarios del CICR se reunieron con familiares de desaparecidos y desplazados de El Salvador, así como con personas apoyadas por el CICR, para conocer de “primera mano sus necesidades”.
El ejecutivo del CICR reconoció los importantes avances en El Salvador para reconocer el problema de desplazamiento interno y aprobar, en 2020, una ley especial al respecto.
“Esperamos que esta ley tenga un impacto muy positivo en la vida de miles de víctimas de la violencia y contribuya a que estas personas desplazadas puedan recibir la atención que requieren. Sin embargo, hace falta un esfuerzo significativo y comprometido para la implementación de la ley, tarea en la que CICR está dispuesto a apoyar desde su experiencia y naturaleza como actor humanitario”, indicó.
El vicepresidente del CICR dijo que existe “preocupación” por la situación de la niñez migrante de Honduras, Guatemala y México, aunque destacó la “reducción significativa” de casi un 85 % en el retorno de salvadoreños en 2020.
“Se requieren respuestas efectivas y coordinadas que involucren a las familias y responsables, y que ofrezcan alternativas dignas y seguras para el desarrollo pleno de la niñez”, enfatizó.
El CICR, la Cruz Roja Salvadoreña y la Federación Internacional de la Cruz Roja suscribieron un acuerdo para mejorar la coordinación entre los socios de la organización y ampliar el alcance de la respuesta humanitaria.
Asimismo, CICR reconoció los avances del país para reconocer el desplazamiento forzado interno, y aprobar el 23 de enero de 2020 la ley especial para la atención y protección integral de personas en condición de desplazamiento forzado interno.
Sin embargo, aseguró que "hace falta un esfuerzo significativo y comprometido" para implementar esta ley y beneficiar a miles de víctimas de violencia.
Carbonnier ofreció al Gobierno de El Salvador apoyo técnico para poner en marcha esta ley, después de sostener entrevistas con familiares de personas desaparecidas y personas desplazadas.
La Asamblea Legislativa discutió por más de un año la formulación de la ley especial para víctimas de desplazamiento forzado, después que la Sala de lo Constitucional le ordenó a los diputados legislar en esa materia, por un amparo a un grupo de desplazados por la violencia.
Más de un año ha pasado desde que la Asamblea finalmente logró un acuerdo para aprobar dicha ley. Sin embargo, no se ha logrado implementar por la falta de un reglamento, que se supone estaría listo en un plazo de 90 días (tres meses) tras la entrada en vigencia de la ley.
Es decir, el reglamento debería haber sido publicado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública a más tardar el pasado 23 de abril de 2020.
Además, tampoco existe un Registro Único de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno que, según la ley, estaría a cargo de la Dirección Nacional de Víctimas y migración forzada.
Solo durante la cuarentena obligatoria, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil registraron a más de 108 familias víctimas de desplazamiento forzado, que no han recibido los beneficios de esta ley.
