La primera etapa del Plan Control Territorial, que comenzó a ejecutar el Gobierno el 20 de junio, concentró los esfuerzos en acciones represivas y de control. Cristosal, una organización que defiende los derechos humanos, advirtió de los límites legales que tiene un modelo que enfatiza de esta manera la represión.
“Como máximo representante del Ejecutivo, su mandato no puede exceder las responsabilidades de los órganos Legislativo y Judicial”, destacó Cristosal en un comunicado.
“El encarcelamiento arbitrario, medidas represivas sin fundamento legal, la violación del debido proceso y el confinamiento carcelario sin perspectiva de readaptación son políticas ya vistas desde hace más de cuatro gobiernos, y de ninguna gestión hay evidencias de resultados a largo plazo”, advirtió Cristosal en su pronunciamiento.
El presidente Bukele ha hecho públicas en Twitter varias órdenes que gira a sus funcionarios. Por ejemplo, ha ordenado agilizar capturas y mantener condiciones de aislamiento severo en los centros penales. En parte, el objetivo es enviar un mensaje disuasivo para los pandilleros, para que abandonen esas organizaciones criminales por las consecuencias que enfrentarán.
Diferentes voces, además de Cristosal, han hecho pública su preocupación por la manera en que se ha manejado el asunto: el presidente da una orden directa, se endurecen las condiciones y aumentan las capturas masivas. También se han pronunciado la dirigente de Espacio Ciudadano, Claudia Ortiz, el director del IDHUCA, José María Tojeira y la abogada experta en procesos penales, Bertha Deleón. En esencia, coinciden en que no se puede sacrificar el respeto a los derechos humanos y al mismo Estado de Derecho en medio de un proceso penal. Además, no se puede pasar por alto que existen procesos ya establecidos en la ley que sancionan los crímenes y que en cada sede ““ejecutiva, judicial, legislativa”“ debe respetarse la independencia.
Sobre esto, un grupo de 14 jueces manifestó su preocupación por el efecto que ha tenido la declaratoria de emergencia en todos los centros penales. Lo hicieron a través de una carta que enviaron a Bukele, con copia a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta carta la publicó la Revista Factum.
La primera observación que consigna la carta de los jueces atañe a “la legalidad de la declaratoria de emergencia”. Los jueces señalan que después de la declaratoria que hizo el presidente Bukele, no se aplicó en su totalidad en todos los recintos. Los jueces de vigilancia y ejecución de pena, responsables también por estos centros, hicieron observaciones y en algunos casos denegaron la declaratoria por “falta de requisitos legales”.
Imagen: Cortesía de Revista Factum
Siempre sobre la emergencia, en la carta los jueces advierten que la referida emergencia no se puede establecer por más de 15 días. Además, esta medida se aplicó de manera pareja sin distinguir el perfil del reo ni la clasificación del penal, “lo que puede originar violaciones a derechos fundamentales de manera indiscriminada”, señala la carta.
También los jueces advirtieron que desde que se estableció la emergencia se han frustrado 369 audiencias y audiencias por videoconferencias.
Imagen: Cortesía de Revista Factum
Por esta misma razón, los reos han tenido dificultades para impugnar las resoluciones que los afectan ““pueden quedar firmes”“ y persiste el riesgo de que venzan los términos de detención del reo, de nuevo, por no poderse avanzar en el proceso.
Entre otros obstáculos para el ejercicio de sus funciones, los jueces advirtieron que hay información errónea e incompleta, incluso de los traslados de reos que se han hecho como parte del Plan de Control Territorial.
Como solución, los jueces proponen que Bukele “interceda ante las autoridades correspondientes” para buscar superar estas dificultades. De igual manera, le solicitaron audiencia.
Imagen: Cortesía Revista Factum
El martes comenzó la segunda fase del Plan Control Territorial, llamada Oportunidad. En los próximos 15 días se anunciará la tercera fase. Son entre seis y siete fases de este plan, que se extenderá por año y medio.
