El expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani "debería ser llamado por la justicia española en calidad de imputado, pues cuando ocurrió la masacre de jesuitas en El Salvador, era el máximo jerarca militar", aseveró el abogado Benjamín Cuéllar, uno de los más importantes activistas pro-derechos humanos de esta nación centroamericana.
Desde el lunes pasado la Audiencia Nacional Española (ANE) abrió un juicio por el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas originarios de España, ocurrido en San Salvador el 16 de noviembre de 1989, en medio de la guerra civil que abatía a este pequeño país. También fue asesinado un jesuita salvadoreño y dos mujeres trabajadoras domésticas de las víctimas.
En Madrid el juicio se reinició tras la extradición desde Estados Unidos a España del coronel retirado, Orlando Montano, uno de los principales implicados en la causa y quien es por el momento el único procesado por varios graves delitos, entre ellos asesinato y terrorismo.
España requirió desde 2011 a 19 oficiales, clases y soldados que planificaron y cometieron la matanza, pero El Salvador se ha negado a la extradición alegando "cosa juzgada" localmente, refiriéndose a un juicio de 1992 en el que se condenó a dos oficiales, a quienes se amnistió en 1993 por medio de una ley de amnistía general promulgada por Cristiani en 1993.
“Montano tiene razón en involucrar al expresidente Cristiani en el asesinato de los jesuitas, por la cadena de mandos. Existe un orden jerárquico y la Fuerza Armada (FFAA) es un aparato de poder jerárquico y aunque sea de nombre, el Presidente de la República es el Comandante en Jefe de la FFAA y tiene responsabilidad", agregó Cuéllar.
De acuerdo a la Comisión de la Verdad, auspiciada por Naciones Unidas (ONU) en 1993, Montano participó en una reunión del Alto Mando de la FFAA en la que el entonces coronel ya fallecido, René Emilio Ponce, ordenó asesinar al jesuita Ignacio Ellacuría, quien era el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), "sin dejar testigos".
Los asesinados, además de Ellacuría, aquel 16 de noviembre de 1989 fueron: los españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López. Los militares también asesinaron a sus dos colaboradoras: Elba y su hija Celina Ramos, esta de 16 años de edad e hija de Elba.
En el tribunal de Madrid, según medios españoles de prensa, Montano reconoció haber participado en una reunión con el Alto Mando, en la que aseveró estuvo el expresidente Cristiani, pero que no se habló de asesinar a los jesuitas.
“La cadena de mando siempre se ha negado en El Salvador, pero en España al alegar de ello, Montano tiene razón en señalar a Cristiani, pero no lo exime a él de culpas", añadió Cuéllar, quien alega que Montano al ser viceministro de Seguridad Pública en el momento del crimen de la UCA tuvo que haber tenido "coordinaciones" con toda la esfera militar.
"La planificación (del asesinato de los religiosos) requería una coordinación con los anillos de seguridad cercanos a la UCA, y del Estados Mayor; habían dos anillos de seguridad, entonces esos anillos de seguridad estaban integrados por miembros de los cuerpos de seguridad al mando de Montano", alega Cuéllar, quien repite "Inocente sólo de nombre".
Benjamín Cuéllar fue por más de 20 años el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IHDUCA), institución fundada por el también asesinado jesuita Segundo Montes en aquel 16 de noviembre.
"La Audiencia Nacional de España (ANE) debería exigir a Naciones Unidas (ONU), los archivos íntegros del caso de la masacre de los jesuitas, porque ahí están los testimonios, entrevistas e investigaciones que hicieron los miembros de la Comisión de la Verdad y que les llevó a concluir que en el Alto Mando se había confabulado y ordenado el crimen de Ellacuría y sus compañeros", finalizó Cuéllar.
"En 1989, la FFAA salvadoreña tenía una cadena de mando formal y operativa. La autoridad residía en el Alto Mando, que incluía a: el Presidente que era según la Constitución el Comandante General (Alfredo Cristiani), el Ministro de Defensa y de Seguridad Pública (General Humberto Larios), el Vice Ministro de Defensa (Coronel Orlando Zepeda), el Vice Ministro de Seguridad Pública (Coronel Inocente Montano) y el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (Coronel Rene Emilio Ponce)".
Ello está contenido en el Juzgado Central de Instrucción Número 6. Audiencia Nacional de España (ANE), Auto de Procesamiento. En Madrid a treinta de mayo de dos mil once.
