Por Carlos Castillos.
La crisis política que estalló en los últimos días en la actual administración del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se cobró hoy los cargos del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, del subsecretario Guillermo Maciel y del asesor de la imagen presidencial Roberto Lafluf.
El propio Lacalle Pou confirmó la renuncia de sus estrechos colaboradores, quienes se suman a la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, el miércoles, en medio de un escándalo que, algunos sectores, califican como “crisis institucional”.
En una comparecencia pública ante los medios locales, en la sede del gobierno, el mandatario uruguayo afirmó que “no es crisis institucional, sino que es un problema político que se está encarando con soluciones políticas”.
El problema viene de por lo menos dos años atrás, cuando el gobierno le otorgó un pasaporte uruguayo a Sebastián Marset, un reconocido narcotraficante, requerido por la Justicia de Paraguay y con problemas legales también en Bolivia y en Dubai, capital de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) donde estuvo preso en setiembre del año 2021.
Marset se mantiene prófugo después de haber sido descubierto en Bolivia, donde jugaba y administraba un club profesional. Huyó en medio de operativos policiales infructuosos de los cuales, incluso, llegó a burlarse mediante mensajes video-telefónicos que se encargó de difundir. Hasta ahora nadie sabe su paradero.
La Justicia uruguaya interrogó esta semana al saliente canciller Bustillo y hará nuevas citaciones porque el tema aparece como muy complejo por las implicancias que puede haber de otros funcionarios.
Lacalle Pou aseguró hoy que “no se ocultó información al Congreso y tampoco a la Justicia y desea que en breve haya un pronunciamiento” para que definitivamente se aclaren las cosas”, aunque está convencido que sus colaboradores “actuaron en la legalidad”.
“Estoy convencido que no hay responsabilidad legal” de ninguno de quienes aparecen presuntamente vinculados y que están en el ojo de la tormenta y para quienes la oposición del progresista Frente Amplio (FA), y hasta algunos socios de la coalición han pedido medidas drásticas.
Lo que se trata de establecer quienes y cómo se procesó el otorgamiento del pasaporte a un hombre con reconocidos antecedentes como poderoso narcotraficante. Según el presidente uruguayo “el pasaporte debió darse sí o sí” debido a las disposiciones vigentes, ya que Marset no estaba requerido por la Justicia uruguaya.
