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domingo, 24 de octubre del 2021

Control social para combatir la corrupción

El servidor se debe a la ciudadaní­a, no ha llegado a servirse; es un mandatario, no es el que manda, no. Es el que tiene un mandato por cumplir.

Uno de los elementos  fundamentales en la lucha contra las prácticas corruptas es el control social, que refuerza a las instituciones públicas. Uno de los mecanismos es el periodismo de investigación.

Tiene que ver con la naturaleza de la función pública. El servidor se debe a la ciudadaní­a, no ha llegado a servirse; es un mandatario, no es el que manda, no. Es el que tiene un mandato por cumplir.

En cifras, organizaciones mundiales que impulsan el periodismo de investigación ha  aceptado $ 5 millones en fondos provenientes de Estados Unidos y otros gobiernos, que han dejado un retorno de  $2, 8 mil millones que han sido recuperados en multas y activos incautados.

Otros indicadores son elocuentes. Más de 20 despidos importantes, incluido un presidente, un primer ministro y los directores ejecutivos de las principales corporaciones internacionales. Casi US$5.000 millones en activos congelados o incautados por gobiernos, 1.400 cierres de empresas, acusaciones y fallos judiciales; además de 100 investigaciones criminales y gubernamentales iniciadas como resultado de las investigaciones periodí­sticas.

El esquema de investigaciones colaborativas entre medios y periodistas ha funcionado de modo que hay tales resultados, por el Proyecto de Investigación para el Crimen Organizado y la Corrupción. ¿Le suena Panama Papers? Es uno de esos esfuerzos. 

Mantenerlos requiere tiempo y dinero. Los recortes presupuestarios son una amenaza. Hay otra no menos grave: es arriesgado, denunciar actos de corrupción es respondido en muchos paí­ses con insultos, descalificaciones, intentos de silenciamiento a comunicadores, violencia y asesinato.

Respecto a las instituciones, hay que considerar es cuando hay bloqueos a la labor fiscalizadora de instancias como el Instituto de Acceso a la información Pública, o a la aplicación de la ley. Eso ha ocurrido con algunos Oficiales de Información en algunos ministerios e instituciones autónomas.

En abril, la Oficial de Información del Ministerio de Trabajo denunció ante el Instituto de  Acceso a la Información a la  entonces titular  por varias formas de acoso laboral, como limitaciones arbitrarias en su función de tramitar las solicitudes de información y amenazas de remoción por haber entregado documentación que, según la ministra, podí­a generar inconvenientes en la administración y que era confidencial. (No estaba en las causales que la ley de acceso establece).

También se habí­a ordenado que todas las solicitudes de información debí­an ser conocidas por la ministra y sus asesores, quienes se apoyarí­an de una Comisión Especial que evaluarí­a de manera discrecional si lo requerido por los solicitantes podí­a entregarse y, además, debí­an conocer quiénes eran los solicitantes; claras violaciones a la ley.

En plena transición al gobierno que asumió el 1 de junio, el instituto de Acceso a la Información Pública emitió, en marzo, un  Instructivo en el que instó a las autoridades resguardar debidamente información reservada o confidencial y abstenerse de acciones que deriven en la destrucción, alteración o inutilización de información en poder de las instituciones públicas. En mayo, la institución fue alertada de la posible destrucción de documentos que se encuentran en las afueras de la Residencia Presidencial, que serí­an de la Secretarí­a de Inclusión Social.

Hay pasos positivos, como la resolución por la que el IAIP ordena a la Asamblea Legislativa el registro y control por cada  diputado de las reuniones que sostenga con personas naturales o jurí­dicas, que registre su identidad, sector y fecha, con la finalidad de que la ciudadaní­a tenga control sobre dicha información de total interés público, lo cual será corroborado por la Unidad de Evaluación del Instituto, en el correspondiente periodo de evaluación. Son formas de acabar con el secretismo y pasos necesarios para un efectivo control social en la lucha contra las prácticas corruptas.

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