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domingo, 16 de mayo del 2021

Contribución especial para la seguridad ciudadana y medidas extraordinarias

En el año 2016, los recursos recaudados para la contribución especial ascendieron a 50,534,270 dólares

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En la actualidad, como parte de la agenda polí­tica y legislativa de la seguridad se encuentran los temas de la prórroga de las medidas extraordinarias y la asignación de recursos de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana (CESC) que están a la espera de aprobación desde diciembre del año pasado.

Se debe aclarar que se trata de dos cosas diferentes. Las medidas extraordinarias son un régimen especial para centros de privación de libertad establecido por el decreto legislativo intitulado “Disposiciones especiales transitorias y extraordinarias en los centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión”, el cual permite restringir visitas, endurecer medidas de seguridad y ampliar las medidas de disciplina interna y que alcanza también el sector de las telecomunicaciones en aspectos relativos al bloqueo de señal en centros penales para evitar la comunicación de grupos criminales con el exterior. La duración del decreto que las avaló es de un año, el cual vence en marzo y el gobierno ha solicitado que sean prorrogadas por un año más, petición ahora en trámite en el legislativo.

Por su parte, los recursos de la contribución especial provienen de dos mecanismos tributarios especiales para financiar la seguridad: la denominada “Ley de Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana” y la “Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y la Convivencia”. La primera grava con un 5% rentas anuales mayores a $500 mil, mientras que la segunda es un cargo del 5% a transacciones sobre bienes y servicios de telecomunicaciones.

Los recursos se erogan trimestralmente a través de un decreto legislativo según propuesta de distribución solicitada por el Ejecutivo, en consulta con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC) para diversos proyectos o servicios relacionados con la prevención de la violencia, la seguridad pública o la atención a ví­ctimas, pues son los ámbitos legalmente reconocidos como destinos por los respectivos decretos.

El uso de los fondos no es un cheque en blanco, sino que está controlado por la obligatoriedad de rendir cuentas sobre los mismos al CNSCC y a la Asamblea Legislativa, sin perjuicio de la contralorí­a que ejerce la Corte de Cuentas de la República. La ejecución de los fondos, se rige por las reglas ordinarias de las adquisiciones y contrataciones públicas, con excepción de los destinados para fines de seguridad pública (Policí­a) que tienen una autorización especial para hacer compras directas emanada del decreto que regula las medidas extraordinarias.

En el año 2016, los recursos recaudados ascendieron a $50,534,270 y se distribuyeron de la siguiente manera:

Fuente: construcción propia basada en decretos legislativos.

Como puede apreciarse, cerca del 65% de los fondos han sido asignados a labores de control y represión del delito (seguridad), pero es importante destacar que casi un 28% ha sido invertido en diversas acciones de prevención de la violencia. No menos importante es ver recursos destinados a la atención a ví­ctimas en un 4%, y en menor medida al sistema penitenciario. Tanto los recursos dedicados a prevención como a atención a ví­ctimas tuvieron como prioridad los municipios seleccionados del Plan El Salvador Seguro (PESS), en sus fases I y II.

En el marco de las inversiones en prevención de la violencia, según informes gubernamentales, se obtuvieron destacables resultados, tales como 4,566 estudiantes retornaron al sistema educativo gracias a las medidas de flexibilización de la educación, lo que contribuyó a aumentar la cobertura del sistema educativo y reducir el impacto de la deserción escolar, la que en 2016 alcanzó un 2.2%, la más baja de los últimos años.

También 7,782 estudiantes, 347 docentes y 3,002 madres y padres de familia atendidos directamente con servicios de atención psicosocial en las centros escolares, servicio que se inició en instituciones priorizadas por el Plan El Salvador Seguro y que alcanzaron indirectamente a una población de 76 mil miembros de sus comunidades educativas.

En el campo de la inserción productiva 3,201 jóvenes fueron beneficiados en las áreas de habilidades para la vida y el trabajo; pasantí­as; emprendimientos y formación técnica del programa Jóvenes con Todo, mientras que en atención a ví­ctimas, se amplí­o de 17 a 25 los Hospitales Nacionales con servicios especializados de atención a ví­ctimas y se han instalado 15 Oficinas Locales de Atención a Ví­ctimas en igual número de municipios del Plan El Salvador Seguro, entre otros resultados.

Para poner en perspectiva esta inversión pública en prevención de la violencia, podrí­amos tomar como ejemplo el Proyecto Pro Jóvenes, una de las iniciativas más importantes en prevención de violencia de los últimos años, el cual supuso ejecutar un monto de $18 millones en el perí­odo de cinco años (2009-2014), mientras que con la CESC, el gobierno invirtió  $14 millones en menos de un año. Lo anterior, sin incluir los recursos ordinarios que se han reorientado para el PESS y los provenientes de préstamos para estos fines.

Sin embargo, desde el mes de diciembre, cuando correspondí­a hacer la última erogación de fondos del año 2016, éstos solo fueron entregados parcialmente por la Asamblea solamente en lo relativo al pago de bonos para miembros de las fuerzas de seguridad, dejando en suspenso los recursos para las acciones de prevención y atención a ví­ctimas.

Las razones ello son, según algunos diputados, que los recursos han sido utilizados para fines distintos a la seguridad. Sin embargo, los dos decretos que regulan los fondos, establecen expresamente como finalidades muchas de las acciones que han sido financiadas y ejecutadas.

El gobierno ha dado informe técnico y financiero de todo ello al CNSCC, mientras que la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, además de los informes gubernamentales, también hizo visitas para verificar in situ las acciones realizadas con los recursos erogados, obteniendo de parte de alcaldes y habitantes de esos municipios una perspectiva positiva del curso de las mismas. Un dato importante es que estas visitas se realizaron en gobiernos locales dominados por la oposición polí­tica como Colón y Sonsonate.

Luego, otras posiciones polí­ticas han expresado su apuesta por invertir más en seguridad o persecución penal que en prevención. Este argumento también es débil pues tal como se muestra en la tabla, seguridad ha sido la principal beneficiaria de la contribución especial. Aquí­ confluye la inercia de dos tendencias de pensamiento: la que partiendo de una perspectiva de competencia electoral cree que mostrándose “duro” con el delito se obtienen réditos polí­ticos y luego, otra más cultural por la que aún se sigue creyendo que el fenómeno de la violencia y criminalidad se resuelve con más fuerza, sobre lo cual, nuestra experiencia histórica nos ha mostrado que esa unidimensionalidad del abordaje es una visión fallida y contraproducente. Haciendo “más de lo mismo” solo se obtiene más de los mismos resultados. La violencia es un problema social, por tanto, también debe ser abordada en ese campo.

No obstante lo anterior, los partidos de oposición oscilan entre un apoyo a mayor asignación a seguridad,  la exigencia de más control sobre los recursos (aunque ya estén sometidos a un triple examen: CNSCC, Asamblea Legislativa y Corte de Cuentas) y el partido ARENA incluso ha condicionado sus votos para la extensión de las medidas extraordinarias a estos puntos. En el fondo, lo que están atacando son las dos puntas de lanza de la polí­tica de seguridad, en un contexto en el que el gobierno muestra resultados positivos de las mismas.

Serí­a lamentable que esta negativa a otorgar los recursos pendientes tuviese por explicación un cálculo electoral y no necesariamente los resultados en sí­, es decir, que parte de la oposición se haya montado en el juego de suma-cero creyendo que deteniendo los avances, sacrificando la mejora de la seguridad de la gente, afectan electoralmente al gobierno. Esa serí­a mezquindad pura y dura.

La prevención de la violencia, la atención a ví­ctimas y los procesos de reinserción, lejos de generar un costo en el largo plazo, generan ahorros y contribuyen a descongestionar la demanda del sistema de seguridad y de justicia, por lo tanto, no serí­a ético negarse a invertir en esta materia por un miope cálculo electoral.

*El autor es experto en seguridad
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