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martes, 30 de noviembre del 2021

Contra la impunidad: ¿Misión, Comisión o Voluntad?

En El Salvador los temas de lucha contra la corrupción e impunidad se han vuelto desafí­os importantes de los cuales la población exige prontas soluciones que ayuden a prevenirlos, detectarlos y sancionarlos.

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En El Salvador los temas de lucha contra la corrupción e impunidad se han vuelto desafí­os importantes de los cuales la población exige prontas soluciones que ayuden a prevenirlos, detectarlos y sancionarlos.

Últimamente muchas voces se han alzado solicitando al Ejecutivo la instalación de una Comisión o Misión Internacional contra la Impunidad similar a las que existen en Guatemala, conocida como  Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. (CICIG) o en Honduras,  Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Pese a esta exigencia de alguna parte de la población, el Gobierno de El Salvador ha manifestado su confianza aún en algunas de las instituciones públicas encargadas de la aplicación del sistema de justicia, entre ellas el ministerio público conformado por la Fiscalí­a General de la República, la Procuradurí­a para la Defensa de los Derechos Humanos y la Procuradurí­a General de la República o el órgano judicial dirigido por la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, a pesar de la declaración de confianza en estas instituciones, persisten aún obstáculos muy grandes que no permiten una total eficiencia de las mismas en el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales para atacar esos desafí­os de corrupción e impunidad; de hecho, mucho se habla de la falta de ética, transparencia y probidad dentro de las instituciones mencionadas, así­ como dentro de las fuerzas de seguridad como la Policí­a Nacional Civil o la Fuerza Armada.

Desde la sociedad civil organizada hemos puesto especial atención a algunos problemas que no contribuyen a solucionar estos desafí­os, tales como: a) La falta de transparencia en los procesos y mecanismos de elección, así­ como la falta de idoneidad de algunos funcionarios que son designados por la Asamblea Legislativa al frente de instituciones tales como la Fiscalí­a General de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional de la Judicatura, la Corte de Cuentas de la República, el Tribunal de Ética Gubernamental, la Policí­a Nacional Civil y el mismo Tribunal Supremo Electoral; pues prevalece el compadrazgo polí­tico y los acuerdos / negociaciones bajo la mesa, por encima de la preparación, experiencia e independencia en los cargos; b) La imperante necesidad de una depuración exhaustiva que ayude a eliminar del sistema de justicia (incluidos las instituciones antes señaladas) a los malos elementos; c) El aumento de la profesionalización de los servidores públicos en el combate a la corrupción; d) El aumento de la transparencia y la rendición de cuentas para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y la probidad de los funcionarios y servidores; y e) La promoción de mecanismos de control social, denuncia y participación en la toma de decisiones de la ciudadaní­a sobre el poder público.

Por todo lo anterior es importante que el Gobierno  se coadyuve de diferentes herramientas nacionales como internacionales, que le permitan abordar esos temas de manera directa e inmediata; por ejemplo algunas de ellas: la Alianza de Gobierno Abierto (Open Government Partnership), que a través de procesos de cocreación permite la interacción de actores sociales, académicos, empresariales y gubernamentales entre otros, puede ayudar a superar los obstáculos que estos desafí­os representan, siempre que demos un salto de calidad pasando de una mentalidad eminentemente de Gobierno Abierto solo en lo Central, hacia una visión de Estado Abierto en donde también los otros dos Órganos de Estado, dependencias del ministerio público, instituciones contraloras o fiscalizadoras, fuerzas de seguridad y los gobiernos sub nacionales, se comprometan en la aplicación de polí­ticas o prácticas de transparencia, rendición de cuentas, uso de tecnologí­a y la participación cí­vica para lograrlo; otra de ellas es la Convención Interamericana contra la Corrupción, que a través del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), permite la participación ciudadana en el seguimiento de las recomendaciones que emanan de la Convención y entre las cuales se en los últimos años se han señalado como la mejora de la probidad pública, la prevención de los conflictos de interés, la prevención y sanción del enriquecimiento ilí­cito y la disminución del tráfico de influencias, en especial en la contratación de personal gubernamental, (De éste último algo se ha comenzado a avanzar, pero aún debe abordarse con mayor í­mpetu el tema de reformas a los marcos normativos que rigen la función pública.)

En conclusión, la instalación de una Comisión o Misión contra la impunidad, es una salida viable, una herramienta invaluable y hasta cierto punto necesaria en El Salvador, sin embargo, si los puntos señalados anteriormente no son tratados como corresponde, el trabajo de esta institución internacional en la lucha contra la corrupción y la impunidad será inviable, pues las argollas y embudos institucionales y administrativos que por años ha tenido nuestro sistema, seguirán siendo el punto de flaqueza ante cualquier iniciativa, sea nacional o internacional, que se decida.

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Oscar Campos Molina
Abogado , transparencia
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