La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa consideró inviable la posibilidad de suspender los Tribunales de Instrucción Especializados, de Sentencia y la Cámara Especializada contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja. El motivo, explicaron, es que se trata de unidades imprescindibles y necesarias para el combate a la inseguridad que afecta al país.
La propuesta de abolir dichos entes fue presentada anteriormente por representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes propusieron convertirlos en ordinarios debido a la carga excesiva de trabajo que presentan.
“Este país necesita combatir la impunidad, resolver la mora judicial, pero no como lo ha planteado la CSJ. La señal que mandamos al crimen es desastrosa porque cuando se creó la jurisdicción se hizo para impedir que todos los Juzgados y jueces de Instrucción conozcan de una materia tan delicada. Nos parece una decisión muy a la ligera”, expresó la diputada del FMLN, Jackeline Rivera.
Ante la postura de la Comisión, el experto en temas de seguridad y criminología, Ricardo Sosa, quien ha sido contundente en rechazar la petición, señaló que el argumento de la CSJ era incongruente e irónico, puesto que reconoce una saturación y sobrecarga de trabajo.
“Esto quiere decir que hay demanda y la lógica, el sentido común, nos indica que es necesario una revisión y evaluación técnica para llegar a conclusiones más cercanas a nuestra realidad sobre el crimen y delitos. El Órgano Judicial siempre ha sido cuestionado y señalado por mantenerse ausente de la problemáticas relacionadas a seguridad, desaparecer o disminuir las funciones de dichos Juzgados es un retroceso”, dijo Sosa.
En un inicio el criminólogo solicitó a la Asamblea Legislativa analizar las implicaciones que traería suspender las referidas entidades. Además recomendó que éstos deban ser potenciados y se les otorguen más recursos para fortalecerles y crear instancias como Tribunales Especializados contra la corrupción y formas complejas de criminalidad.
“Estas son muy buenas noticias, finalmente se logró el objetivo que yo pretendía de hacer conciencia a la Asamblea y que por lo menos generaran el debate, la decisión es la única y la más sensata en el momento que atraviesa el país. Esto no debe estar bajo ninguna negociación porque se trata de la seguridad ciudadana y apoyo a las víctimas”, dijo el experto.
