El presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, monseñor Ángel Garachana, pidió este viernes que los corruptos de su país enfrenten la Justicia, y aplaudió el avance en la lucha contra la corrupción en esta nación.
"Me alegra que siga avanzando la lucha contra la corrupción y que vayan saliendo casos, que los corruptos no sigan impunes y sean sometidos a la justicia de nuestro país", dijo Garachana.
El religioso enfatizó que los políticos deben tener "ética" y pensar en el pueblo.
"Un político sin ética no puede estar en esos puestos, que piense en el pueblo pobre y que deje la corrupción y estén abiertos a que si han quebrantado la ley deben pagarlo", subrayó.
Garachana señaló que la semana pasada la Conferencia Episcopal hondureña pidió a los políticos rehabilitar la política "respetando la Constitución en lugar de violarla", y expresó su apoyo al trabajo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), que depende de la OEA.
"Hace una semana enviamos un mensaje donde hablábamos de la corrupción, de rehabilitar la política y de que apoyábamos a las instituciones que luchan contra la corrupción. Lo que está aconteciendo en este momento es una prueba de que la corrupción sigue", añadió.
Además, Garachana reiteró el apoyo de la Conferencia Episcopal a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción del Ministerio Público (UFECIC), y al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
La UFECIC presentó este miércoles un requerimiento fiscal contra 38 hondureños, entre ellos diputados, que habrían desviado más de $11,7 millones de dólares para financiar campañas políticas en las elecciones de 2013.
El caso, denominado "Pandora", fue denunciado por la jefa interina de la MACCIH, Ana María Calderón, e involucra a 38 personas, entre ellos diputados, funcionarios públicos y personas particulares.
Las 38 personas son acusadas por presunto "abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras", según un comunicado de la MACCIH.
El caso fue indagado por un equipo de investigación y persecución penal integrado por expertos de la MACCIH y la UFECIC luego de conocer una denuncia que realizó Pietro Di Battista, inversionista italiano y excónsul honorario en la isla hondureña de Roatán.
El empresario italiano denunció una presunta "utilización indebida de la fundación Dibattista en operaciones atípicas y no autorizadas", añadió.
El equipo de investigación halló "indicios suficientes (de) que fondos públicos destinados a fondos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas (…), habían sido destinados a financiar las campañas políticas tanto del Partido Nacional (en el poder) como el Partido Liberal, en el año 2013, y otros gastos personales por un monto de 282.016.165 millones de lempiras (unos $11,7 millones de dólares), enfatizó.
Los recursos provenían de las secretarías de Agricultura y Ganadería y de Finanzas, y para desviar los fondos se utilizaron las fundaciones "Todos Somos Honduras" y "Dibattista", según el comunicado de la MACCIH.
