Por Alonso Rosales
Una investigación periodística del diario The New York Times reveló cómo parte del oro adquirido por la Casa de la Moneda de Estados Unidos terminó vinculado a cadenas de suministro relacionadas con minería ilegal y estructuras criminales en Colombia. El reportaje, elaborado por el periodista Justin Scheck junto a los fotógrafos y reporteros Federico Ríos y Simón Posada, expone presuntas fallas en los controles de origen del oro utilizado para fabricar monedas destinadas a inversionistas.
La investigación sostiene que proveedores de la Casa de la Moneda estadounidense importaban toneladas de oro extranjero, incluyendo metal procedente de América Latina, para luego fundirlo junto con oro estadounidense y venderlo posteriormente como si fuera de origen nacional. Según el reportaje, esta práctica habría permitido que oro relacionado con redes criminales ingresara indirectamente al sistema financiero de Estados Unidos.
Los periodistas comenzaron a seguir la pista del metal después de revisar registros comerciales y bases de datos de importación. En sus hallazgos encontraron que intermediarios estadounidenses compraban oro a empresas colombianas con antecedentes legales cuestionados. Esto llevó al equipo a viajar a la región minera de Caucasia, en Colombia, territorio donde opera el Clan del Golfo, considerado por Estados Unidos como una organización terrorista.
En la zona conocida como La Mandinga, un rancho ganadero estatal ocupado por minería ilegal, los reporteros documentaron cómo grupos de mineros utilizan excavadoras y mangueras de alta presión para remover enormes cantidades de tierra en busca de partículas de oro. Según testimonios recogidos por el equipo periodístico, el Clan del Golfo cobra cuotas a los mineros y comerciantes que operan en el lugar, obteniendo ganancias tanto del oro como de otras actividades ilícitas.
La investigación también describe cómo el oro extraído en estas condiciones pasa por distintos intermediarios antes de llegar a empresas exportadoras que lo envían a Estados Unidos. Posteriormente, refinerías y proveedores lo incorporan a cadenas legales de comercialización.
El reportaje señala además que un informe federal estadounidense de 2024 concluyó que la Casa de la Moneda había dejado de verificar rigurosamente el origen del oro desde hacía más de dos décadas. Aunque las autoridades estadounidenses defendieron la legalidad de sus procedimientos, el Departamento del Tesoro anunció que revisará las prácticas de adquisición y endurecerá las normas de abastecimiento para garantizar que el oro comprado tenga como fuente principal a Estados Unidos.
La investigación reabre el debate internacional sobre el impacto de la minería ilegal, una actividad asociada a deforestación, contaminación por mercurio, financiamiento de grupos armados y violencia en diversas regiones de América Latina y África. También plantea cuestionamientos sobre la trazabilidad de los minerales en mercados globales y sobre la responsabilidad de gobiernos e instituciones financieras en el control de las cadenas de suministro.
El caso ha generado repercusión internacional debido a que pone en duda los mecanismos utilizados para certificar el origen del oro que llega a los mercados más importantes del mundo.
