La Asamblea Legislativa aprobó la creación de una Comisión Especial que investigará la problemática generada entre empresas constructoras y entidades gubernamentales en torno a los permisos medioambientales en la construcción de una urbanización en el sitio arqueológico Tacuscalco en Nahuilingo, Sonsonate.
Los parlamentarios a favor de la comisión, expusieron que ante la demora de justicia que se puede apreciar deben actuar para aportar en la resolución de dicho conflicto.
Le puede interesar: Protestan para defender río y sitio arqueológico en Tacuscalco.
Además, detallaron en su petición que ambas partes, instituciones gubernamentales y afectadas, presentan sustentaciones para la motivación de sus derechos.
“Por una parte se dice que las motivaciones son la protección del Patrimonio Cultural y del medio ambiente; y por la otra parte, la generación de la inseguridad jurídica que desmotiva la inversión y la creación de fuentes de trabajo en el país, que tanto se necesitan y están afectando grandemente al desarrollo y seguridad”, sostuvieron los legisladores.
Esta comisión será presidida por el diputado Antonio Almendáriz del PCN e integrada por la diputada Silvia Ostorga de ARENA, Javier Valdez del FMLN, Rigoberto Soto de GANA, Rodolfo Parker del PDC, Juan José Martel del CD y Leonardo Bonilla, diputado no partidario.
Organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil señalaron que la construcción de viviendas en la zona, atentaba contra el medio ambiente y contra vestigios arqueológicos encontrados con anterioridad.
Lea también: Decretan cierre técnico de construcción en Tacuscalco, Sonsonate.
El 18 de abril pasado, el Juzgado Ambiental de Santa Ana frenó las obras de construcción tras una inspección realizada por la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Medio Ambiente y el departamento de Arqueología del Ministerio de Cultra; estas dos últimas carteras de Estado, habían buscado frenar jurídicamente la obra sin éxito.
Las Comisiones Especiales son nombradas por la Asamblea, de conformidad con el numeral 32 del artículo 131 de la Constitución, para la investigación de asuntos de interés nacional.
