A través de un informe avalado por el pleno, se concluyó que no existen vínculos de actores políticos pertenecientes a Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el alza de los homicidios acontecidos el 20 de septiembre del presente año, tal como lo señaló el director de la Unidad de Tejido Social, Carlos Marroquín, en una entrevista televisiva.
El informe emana de la Comisión Especial para investigar los hechos señalados por Marroquín, al decir que ARENA y el FMLN fueron los responsables del alza de los homicidios sucedidos el viernes 20 de septiembre de 2019, así como sus repercusiones en otras áreas que competen a la seguridad pública del país.
El informe fue elaborado sobre la base de las declaraciones que realizaran bajo juramento diferentes funcionarios que trabajan en la Seguridad Pública, entre ellos los directores del Instituto de Medicina Legal, Pedro Martínez (interino), y de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas. También, el director de Centros Penales, Osiris Luna y el titular del Ministerio de Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy.
“Lo que quiero dejar bien claro es que este es un informe incidental sobre el alza de homicidios, y no hemos agregado ningún vínculo empresarial ni político, porque hasta el momento no lo hemos encontrado en el presente caso”, aseguró el pasado veintidós de octubre, el director de la PNC, al comparecer en sesión de trabajo de la comisión especial.
En este documento también se concluye que los representantes legales de los partidos políticos en mención deben decidir si emprenden las acciones legales pertinentes ante el hecho de que el ministro y viceministro de Justicia y Seguridad no declararon lo que sabían respecto a los hechos, que existe contradicciones en el Gabinete de Seguridad sobre la investigación, que la inteligencia penitenciaria no ha traslado oportunamente la información a la Policía Nacional Civil (PNC) ni a la Fiscalía General de la República (FGR), y respecto a la no comparecencia del director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), por lo que consideran que debe de ser constituida como delito.
Asimismo, a través del informe, se recomienda a la FGR, agilice la investigación sobre el posible delito de omisión de aviso en perjuicio de la administración de justicia, aviso interpuesto por la Comisión Especial, en contra del director general de Centros Penales, Osiris Luna.
De igual forma, se recomienda a la Asamblea Legislativa que resuelva a la brevedad posible la petición de modificar el artículo 39 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa para incorporar el numeral 21, en el cual pretende crear una comisión permanente se supervisión de las autoridades de Seguridad Pública y de Inteligencia del Estado.
