La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para reformar el Código Penal, con el objetivo de endurecer las penas contra delitos cometidos por servidores públicos y particulares vinculados a la sustracción de fondos estatales.
Entre las principales modificaciones, se incrementan las sanciones por incumplimiento de deberes, corrupción y otros delitos administrativos, con penas más severas para los funcionarios que abusen de su cargo.
Aumento de penas para funcionarios públicos
Las reformas contemplan castigos más estrictos para quienes incurran en delitos relacionados con la gestión de recursos públicos:
- Ejercicio ilegal de funciones: Funcionarios que cometan actos arbitrarios o ilegales en el ejercicio de sus funciones enfrentarán penas de tres a seis años de prisión, en lugar de la sanción anterior de dos a cuatro años.
- Incumplimiento de deberes: Se eleva la pena a cuatro a seis años, con un aumento de hasta un tercio del máximo si el incumplimiento conlleva a un hecho delictivo.
Sanciones por divulgación de información secreta y peculado
- Divulgación de información confidencial: Se castigará con seis a nueve años de cárcel, aumentando la pena si la revelación causa grave daño al Estado.
- Peculado: La pena variará según el monto del perjuicio económico:
- De seis a nueve años si el peculado no supera los $10,000.
- De nueve a doce años si la cifra está entre $10,000 y $100,000.
- De doce a quince años si supera los $100,000.
Nuevos delitos y endurecimiento de castigos
Las reformas también incluyen nuevas tipificaciones dentro del Código Penal:
- Ocultamiento de bienes producto de la corrupción: Penas de tres a seis años de cárcel para quienes participen en la retención o encubrimiento de bienes ilícitos.
- Omisión de denuncia de delitos por funcionarios públicos: Se sancionará con tres a seis años de prisión a quienes no reporten delitos cometidos por subordinados.
- Cohecho activo: Quienes ofrezcan dádivas a funcionarios para obtener favores ilícitos enfrentarán seis a diez años de cárcel.
- Tráfico de influencias: Se castigará con penas de seis a nueve años.
Entrada en vigencia de las reformas
De ser aprobada en el pleno legislativo, la reforma al Código Penal entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, consolidando un marco legal más estricto contra la corrupción en la función pública.
