La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al gobierno salvadoreño a adoptar medidas que garanticen los derechos fundamentales de la población penitenciaria, especialmente donde se han implementado las medidas que responden a la emergencia máxima recientemente ordenada por el presidente salvadoreño.
El organismo internacional sentó postura, debido a que el 25 de abril el presidente de la República, Nayib Bukele, dio la orden de decretar emergencia máxima en los recintos penitenciarios en donde se encontrarían detenidos los internos que pertenecerían a organizaciones criminales.
Estas medidas fueron ordenadas para hacerse efectivas por un tiempo indefinido y se habrían dictado debido a un incremento en el número de homicidios registrado durante el fin de semana del 24 de abril.
Al respecto, el Estado salvadoreño informó a la Comisión quedel 23 al 28 de abril, se habrían cometido 84 homicidios por parte organizaciones criminales; lo que representaría un promedio de 16.8 homicidios diarios.
En particular, mediante la cuenta del Twitter del Viceministro de Justicia, se informó que los internos que integraban diferentes pandillas pasarían a compartir las mismas celdas.
En este sentido, la CIDH advierte que el personal de custodia mantiene a las personas en ropa interior y sin zapatos, así como amontonadas las unas con las otras. Además, dichas personas serían sujetas a requisas invasivas por parte del personal carcelario. Si bien la Comisión toma nota que el Estado salvadoreño rechaza la calificación de estos tratos como inhumanos y degradantes, de conformidad con los estándares internacionales en la materia, dichos videos dan cuenta de actos contrarios a la dignidad humana.
La CIDH observa que este tipo de medidas responde a una política criminal dirigida a combatir la criminalidad que se planificaría desde el interior de los centros penales mediante acciones de carácter extraordinario.
En este sentido, la Comisión ha manifestado la condena respecto de estas medidas de manera pública y reiterada. Por lo tanto, manifestó su preocupación por la vigencia de este tipo de medidas con temporalidad indefinida, por sus consecuentes afectaciones a los derechos de las personas privadas de libertad.
Asimismo, la CIDH considera que el tener a integrantes de diferentes organizaciones criminales en los mismos espacios puede derivar en enfrentamientos o motines que resultarían en que personas detenidas pierdan su vida o resulten heridas. De igual forma, y a pesar de las medidas sanitarias y de emergencia nacional adoptadas para prevenir el avance del COVID-19, las condiciones de aislamiento y encierro de las personas sujetas a las medidas de; emergencia máxima representan un mayor riesgo respecto de su salud e integridad.
