El vicepresidente Félix Ulloa ha intensificado su campaña para anunciar la instalación de una comisión internacional que combata la impunidad y la corrupción. En ese afán, el presidente Nayib Bukele se comprometió a que habrá un “lanzamiento” antes de los 100 días de su mandato, mismos que se cumplirán durante la primera quincena de septiembre 2019.
El plazo que Bukele consignó está cerca, pero todavía falta mucha información. Uno de los pocos detalles que han surgido a la luz es la intención de no pasar por la Asamblea Legislativa, al menos, para ponerla en marcha. También se sabe, desde la campaña, que el principal responsable de completar el proceso es el vicepresidente Ulloa.
Pedro Martínez, del Laboratorio de Investigación y Acción Social Contra la Impunidad (LIASCI), explicó que sí hay maneras en las que el Ejecutivo puede prescindir de la discusión y proceso de votación de la Asamblea Legislativa. Puso, a manera de ejemplo, las facultades de la Fiscalía General de la República (FGR). “Su ley orgánica le permite crear una política de persecución criminal, y además, tiene las facultades para crear unidades especializadas de investigación de acuerdo a las necesidades y realidades, delictivas y criminalísticas, del país”, explicó Martínez. Los expertos internacionales tendrían la función de asesorar al fiscal, en todo caso.
Así, mientras no sea una entidad independiente, sino que esté dentro de otra institución ya formada es “totalmente viable, legítimo y legal” no pasar por el filtro del Legislativo, detalló Martínez. Los expertos internacionales tendrían la función de asesorar al fiscal, en todo caso.
En diversas publicaciones a través de redes sociales, Ulloa ha aparecido con funcionarios de la ONU; entre ellos, el comisionado titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el colombiano Iván Velásquez. También es conocida la relación cordial y cercana de la exfiscal Thelma Aldana con el presidente Bukele. Fue la dupla Velásquez-Aldana la que lideró el proceso penal contra Otto Pérez Molina (presidente) y Roxana Baldetti (vicepresidente) mientras aún ejercían su mandato.
“Todavía tenemos en mente lo que pasó en Guatemala”, comentó Martínez. “La CICIG era independiente de la Fiscalía (en su mandato) pero no hizo nada fuera del contexto de las labores de la Fiscalía”, agregó.
Una perspectiva similar ofrece Tahnya Pastor, abogada que, igual que el miembro del LIASCI, ha estado activa en perseguir casos de corrupción. Pastor detalló que es posible que dentro de la Fiscalía se instale la CICIES, “como un convenio de colaboración con la Fiscalía”. Pero incluso si esto llegase a suceder así, la abogada explicó que a estas alturas ya tendría que haber avanzado el proceso interno dentro de la ONU -por ejemplo, una misión de exploración-, o del organismo elegido para que opere el organismo anticorrupción.
Sin embargo, Pastor explicó que uno de los inconvenientes es que la FGR tiene un tinte partidario muy marcado, pero es por que así funcionan las elecciones de todo tipo en el país. “Todo depende del mandato que tenga”, recordó, que es precisamente la información que todavía falta conocer.
Martínez y Pastor recalcaron que la CICIES deberá enfrentar la débil institucionalidad como uno de los primeros obstáculos.
“No es la primera vez que vienen asesores externos” a dar su aporte en materia de persecución penal, dijo Martínez. “No ha quedado escuela y se ha perdido la capacidad”, lamentó. Incluso señaló que, con un organismo dedicado nada más a esto casos “vamos a tener investigaciones amplias, extensivas e intensivas y pondrán a prueba el sistema judicial”, advirtió el miembro del LIASCI.
Recordó el caso de Guatemala, cuando la exfiscal Claudia Paz dejó establecidas la bases y los estándares de lo que se esperaba ver como resultado del apoyo de la CICIG. Después llegó Thelma Aldana como sucesora y “no había forma de echarse atrás” con lo que Paz había iniciado, destacó Martínez. De hecho, en Guatemala se crearon los llamados tribunales de alto riesgo para llevar estos casos más complejos.
De esta manera, fue construyéndose una nueva institucionalidad que permitió salir adelante con los casos.
Pastor también habló sobre este punto. “¿Institucionalidad? Eso es un chiste en este país”, manifestó. “El país está empobrecido de tanta corrupción e impunidad. El nivel de corrupción es obsceno”, agregó Pastor.
Luego advirtió que también se deben considerar reformas en el país como incluir la figura de la querella adhesiva en materia procesal penal. En este tipo de acción para perseguir un delito, por obligación, se requiere la participación del Ministerio Público y se caracteriza también porque tiene peso la motivación o el interés social y estatal del presunto crimen que se persigue.
Cambios concretos que se pueden esperar
Martínez recordó que la Constitución otorga las facultades de investigación del delito a la FGR y a la Policía Nacional Civil (PNC). Si la lucha contra la impunidad y la corrupción con un organismo internacional se concreta, el experto recomendó crear una nueva unidad en la PNC que se concentre exclusivamente en estos delitos. Martínez ha mencionado, en ocasiones anteriores, que solo en la FGR hay saturación de casos de investigación. De ahí la necesidad de proveer de recursos y personal dedicado a eso.
En este punto, citó el ejemplo del fiscal general, Raúl Melara, quien ha creado una unidad especial para investigar los casos de personas desaparecidas. También hay fiscales asignados para casos de los crímenes cometidos durante la guerra civil de los ochenta.
Sobre este tema, Pastor dijo que una de las funciones en las que puede ayudar la CICIES es con la recuperación del dinero que se ha malversado en casos de corrupción. “Ni los testaferros se le van a escapar a la comisión internacional, van parejo corruptos y corruptores”, dijo Pastor, parafraseando también a lo que ha dicho Ulloa que hará. Los beneficiarios de las redes de corrupción que instalaron los expresidentes Antonio Saca (2004-2009, preso) y Mauricio Funes (2009-2014, prófugo) también entrarían en la investigación de los expertos de la comisión.
Incluso a quienes han logrado limpiar sus casos en la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia se les puede volver a investigar, señaló la abogada.
El fiscal general Melara ha dicho que la institución continuará investigando casos de corrupción “con o sin la CICIES” y que no disponen de más detalles sobre lo que el Ejecutivo piensa hacer. Bajo la gestión de Melara fue que se inició la acción penal contra el expresidente de la Corte de Cuentas de la República, Hernán Contreras, responsable de limpiar el informe de Probidad del expresidente Saca -entre otros.
