El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, decretó este domingo el estado de sitio en El Estor, en el departamento de Izabal, después de que se registraran fuertes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las comunidades indígenas que se oponen a las actividades de la mina Fénix.
El estado de sitio estará vigente durante 30 días. La medida se establece después de “acciones que afectan el orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes, en virtud de que personas y grupos armados han realizado actos de violencia en contra de las fuerzas de seguridad y la libertad de locomoción de los habitantes”, reza una publicación oficial.
Bajo esta orden, se restringirán los artículos de la Constitución que regulan la libertad de acción, la detención legal, los interrogatorios a detenidos, los derechos de reunión y manifestación, y el porte de armas. Asimismo, se establecerá un toque de queda desde las 18:00 a las 6:00 horas del día siguiente.
La medida se produce después de que los residentes del lugar mantuvieran durante 17 días un bloqueo, exigiendo que se cumpla su derecho a una consulta respecto a las actividades de Fénix. Este jueves y viernes se produjeron enfrentamientos entre decenas de indígenas maya q’eqchi’ y la Policía. Se reporta que los uniformados usaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
Las autoridades señalaron este domingo que cuatro agentes resultaron heridos por arma de fuego.
“Adicionalmente, resultaron gravemente heridos otros 13 agentes de las fuerzas de seguridad a manos de manifestantes que portaban piedras, machetes, bombas artesanales y otras armas de fuego”, indicaron.
Respecto a la protesta contra la mina, el Gobierno comunicó que “la resolución mediante la cual el Ministerio de Energía y Minas (MEM) concedió el derecho minero denominado extracción minera Fénix, a la entidad Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), está suspendida desde el 17 de febrero de 2021, acatando la orden directa de la Corte de Constitucionalidad (CC)”.
“Otras actividades, como la planta procesadora y otros derechos mineros de la zona que funcionan desde hace varias décadas, no están relacionados con la resolución referida, por lo que, actualmente, su operación está vigente y se considera acorde a la ley”, precisaron las autoridades.
