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viernes, 07 de mayo del 2021

Causales y trabas polí­ticas a la justicia

El 28 agosto, en el marco del proceso del coronel Montano asilado en EU, el exministro de defensa general Corado, descalificó públicamente el informe de la Comisión de la Verdad, que sobre los delitos de lesa humanidad los bandos enfrentados cometieron durante la última contienda civil en los 80 en El Salvador, para reconocer casi de inmediato que el delito por el cual es reclamado el señor Montano por la audiencia española fue un “”¦error”¦” de la Fuerza Armada.

Durante la misma mañana, asistiendo al entierro de uno de los oficiales policiales asesinados por terroristas, el fiscal Menéndez demandó de la asamblea la creación de una legislación para proteger al personal de seguridad y sus familias.

Ambos casos permiten entender la actual situación de seguridad.

El exministro se pronuncia a favor de la impunidad con que actúo el estamento militar en aquellos dí­as, reflejado en el mismo informe que rechaza, redactado por las UN, con consenso de las partes y por reconocidos miembros de la derecha latinoamericana, que no pudieron encubrir el horror de lo encontrado en su investigación, así­ como por los múltiples señalamientos de diversos organismos a los que se suscribe El Salvador, reconociendo de los mismos su autoridad.

Hay que subrayar que las fuerzas armadas han evolucionado, al grado de ser público el reconocimiento de ello, su profesionalismo y nivel de confianza del que ahora goza entre el soberano, restándole el admitir institucionalmente sus delitos pasados, renovar su compromiso republicano y superar la doctrina del garrote que practico contra la población, por lo que la opinión del señor Corado debe suscribirse al esfuerzo de un cómplice de la impunidad, pasada y presente, que no refleja felizmente el sentir de la FA, y que en cambio es una reminiscencia vergonzosa ya superada del estamento militar.

Por otro lado, el fiscal general acompaño sus demandas con la insinuación de que es posible la creación de una SICIG, reconociendo la incapacidad del aparato judicial de afrontar la amenaza delincuencial y terrorista, pero además esforzándose por trasladar la responsabilidad al órgano legislativo de la misma, sin recordar que es precisamente el sector que representa el que jamás abordó los graves delitos que conmovieron a nuestra sociedad, promoviendo la impunidad que alienta al crimen y lo fomenta al no resolver los casos que lleva, apoyándose casi por completo en testigos criteriados cuya información puede manipularse, abandonando la prueba técnica y cientí­fica, una de sus mayores debilidades, y resistiéndose a superarla.

Prontamente el ministro Munguí­a Payes rechazó la propuesta de declarar el estado de emergencia urgido por Menéndez, mientras desde la oposición parlamentaria se negó el apoyo a la legislación reclamada por él, evidenciando no solo incapacidades, pero además desconocimiento del tema de seguridad.

Ambos casos revelan que la inacción judicial estimula la impunidad generacional, fomentando el crimen y reforzándolo, así­ como promoviéndolo por la ausencia de institucionalidad, lo que impone la ingente tarea de refundar un órgano judicial independiente, profesional, comprometido con la legalidad y por supuesto, con la justicia.

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